Un proyecto de ley que surte en la plenaria de la Cámara de Representantes pretende regular la venta de tarjetas SIM y otras tecnologías similares en Colombia, con el objetivo de regular y disminuir la extorsión que realizan a través de estas herramientas.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
Las practicas extorsivas son una tendencia regional, que tiene características específicas que varían entre países pero que se extienden como el “crimen perfecto” ya que difícilmente se denuncia y mucho menos se investiga. Es entonces una práctica que conlleva altos niveles de impunidad y que se ha localizado dentro de las organizaciones criminales, pandillas callejeras y centros penitenciarios y carcelarios. En la literatura, la extorsión se ha contextualizado como una actividad que define el crimen organizado y que está estrechamente asociada al control territorial y las actividades ilegales.
En Colombia el delito de extorsión está contemplado en el Artículo 244 del Código Penal, y si bien cuenta con múltiples circunstancias de agravación punitiva y es uno de los delitos con mayor cantidad de condenas intramurales las denuncias siguen aumentando.
La extorsión ha venido en aumento en el territorio nacional en los últimos años. De acuerdo con la base de datos del Ministerio de Defensa Nacional, el primer semestre del 2024 fue el que más casos de extorsión reportó en los últimos tres años; un incremento del 27,5% respecto del mismo periodo del año anterior.
Las regiones más afectadas por este delito en el 2023 fueron Antioquia y Bogotá D.C. con 1.918 y 1.527 casos respectivamente. La extorsión es un delito que afecta a todo el territorio nacional, sin embargo, es especialmente grave en las zonas rurales y dispersas pues es usada como mecanismo de control territorial.
En Colombia la extorsión es una práctica de financiación del crimen organizado y ha estado tradicionalmente relacionada con el financiamiento de grupos armados ilegales como grupos de guerrillas y paramilitares, posteriormente comenzó a ser practicada por imitadores de estos y organizaciones criminales, afectando tanto a empresas como a particulares.
Las “falsas guerrillas” al igual que los grupos de narcotraficantes que buscan diversificar sus ingresos continúan operando y usando la extorsión como forma de financiación sin forma de contrarrestarlos. Una segunda forma de extorsión se ha propagado en años recientes conocida como “el gota a gota”, en el que los extorsionadores obtienen un ingreso permanente exigiendo pequeñas cantidades a las víctimas.
Causas del aumento de extorsión
Dentro de las causas del aumento en las cifras del delito de extorsión, se encuentran las dinámicas de criminalidad organizada que se vieron afectadas por los bajos precios del mercado de la coca en los últimos años y a su vez con el objeto de extender su control territorial, los grupos criminales han optado por diversificar las rentas ilegales en los territorios, incrementando el uso de la minería ilegal y la extorsión contra la población civil y el sector productivo.
Otra de las múltiples causas del aumento en este delito es la descrita por Meneses (2024) que destaca el hacinamiento, la corrupción, la falta de personal de custodia y la atención de la población carcelaria como causas del crecimiento de la criminalidad desde las cárceles. Por tal razón, la crisis carcelaria en el país está directamente relacionada con el crecimiento de las extorsiones desde estos establecimientos. La carencia de controles efectivos desde las cárceles ha permitido el contrabando de dispositivos electrónicos, teléfonos móviles y tarjetas SIM u otras tecnologías similares que mantienen el ciclo de incautación y contrabando, como un problema de no acabar.
Así mismo, el aumento de la extorsión también obedece al cambio de la población víctima de este delito. Este delito que afectaba principalmente a personas con grandes patrimonios hoy afecta a otros sectores de la población, con extorsiones de pequeño monto que asegura un flujo de dinero permanente para los delincuentes.
A pesar del incremento en las cifras reportadas de casos de extorsión, la cifra oculta o de “no denuncia” exhibe un problema más profundo. En la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – ECSC 2021, el DANE reportó que la extorsión tuvo una tasa de victimización del 1.0%, pero con una tasa de no denuncia del 79,6%. La cifra oculta o de no denuncia para el delito de extorsión en las cabeceras municipales es de 76,7% pero esta cifra es mucho más preocupante para los centros poblados y rurales dispersos donde alcanza el 92,8%.
Y sobre las razones para no denunciar, la ECSC 2021 reportó que en un 37,0% de las veces la víctima lo consideró innecesario, seguido de un 22,3% que aseguraron que las Autoridades no hacen nada, y un 15,4% que reportó que no conocía el proceso de denuncia, un 6,6% reportó que no denunció pues lo(a) amenazaron y tenía miedo a represalias9. Que entre las razones para no denunciar de las víctimas se encuentre que las autoridades no tomen acciones, que no confían en la administración de justicia, que le faltaban pruebas del hecho y que lo consideren innecesario10., puede ser un síntoma de las fallas que existen en la administración de justicia para efectivamente procesar a los culpables de este delito.
Cuando los grupos delictivos organizados lanzan prácticas de extorsión en América Latina, corren poco riesgo de que las víctimas denuncien el delito a la policía, especialmente cuando la extorsión se dirige a mercados ilegales como la prostitución, el comercio en el mercado negro o las apuestas ilegales. Es poco probable que incluso los ciudadanos comunes que participan en actividades comerciales legales denuncien el delito a la policía por temor a represalias y complicidad o ineficacia de la policía. Las prácticas de extorsión se han arraigado en la región y son las principales vías para que los delincuentes adquieran dinero en efectivo11.
En el 2023 la Policía Nacional reportó que hubo 2.770 capturas por el delito de extorsión, un incremento del 10,6% en las capturas por este delito a comparación de los 2.504 casos del 2022. En lo corrido del 2024 se han reportado 1.952 capturas por este delito, donde los departamentos con mayores reportes son Antioquia con 297 casos, Cundinamarca con 278 casos, Atlántico con 217 casos y Valle del Cauca con 194 casos.
La extorsión desde las cárceles
La extorsión telefónica carcelaria es la más clásica, los delincuentes contactan a la víctima mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o panfletos, se identifican como integrantes de grupos delincuenciales y exigen dinero (por supuesta seguridad privada o cuota de matrícula para funcionamiento) a cambio de permitirles continuar con sus actividades sin ser objeto de atentados en su contra.
El surgimiento de la llamada extorsivas como la modalidad de extorsión más frecuente en el país denota el avance en el acceso a las telecomunicaciones y el internet en Colombia. La llamada extorsiva, siendo la forma más utilizada por los delincuentes, se define como aquella que el delincuente ejecuta directamente contactando a su víctima vía telefónica, y mediante el empleo de frases intimidantes con las cuales genera el temor o amenaza directa a la víctima o a algún familiar, manifiesta su pretensión económica para evitar daños (físicos, materiales o psicológicos) a la persona, su familia o sus bienes.
Con las llamadas extorsivas se generan ingresos con pocos riesgos para los delincuentes, pues desde un solo celular se pueden hacer 250 llamadas extorsivas al día y cambian de SIM CARD para que los números no puedan ser identificados con facilidad. Además, dependiendo de la estructura del grupo delincuencial, con este delito se pueden generar hasta 2000 millones de pesos por año. Las llamadas extorsivas fueron la forma más frecuente de extorsión en Colombia en el 2023.
El fenómeno de extorsión carcelaria no es nuevo, esta modalidad de extorsión se origina dentro de los centros penitenciarios y carcelarios, donde los internos llevan a cabo exigencias económicas a las víctimas. Utilizan principalmente llamadas telefónicas amenazantes y a menudo aprovechan la información disponible en las redes sociales para suplantar identidades y coaccionar a las víctimas. Se destaca por ser una de las formas de extorsión que genera mayores recursos económicos debido a su alcance y organización dentro de las instituciones carcelarias.
Con respecto a la modalidad carcelaria de extorsión, durante el año 2020, la Policía Nacional señala que realizaron 306 capturas, además de diferentes “operaciones bloqueo” en las cuales se bloquearon 14.274 IMEI, identificados al interior de las cárceles para la realización de llamadas extorsivas.
Sumado a esto la modalidad carcelaria de extorsión es una práctica común en Colombia, tanto así que, durante el año 2020, la Policía Nacional señala que se han realizado 306 capturas, además de diferentes “operaciones bloqueo” en las cuales se bloquearon 14.274 IMEI, identificados al interior de las cárceles para la realización de llamadas extorsivas.
Los equipos de telefonía móvil al interior de los centros penitenciarios y carcelarios son parte del problema del contrabando. El ingreso de equipos no autorizados o prohibidos que se infiltran en los establecimientos penitenciarios llegan a través de visitas sociales y son parte de las redes criminales que continúan existiendo dentro de los establecimientos penitenciarios.
El uso de aplicaciones identificadores no es una solución permanente pues las tarjetas Sim-card que se utilizan en los centros carcelarios son cambiadas con mucha frecuencia debido a su precio y tamaño lo que permiten su fácil comercialización dentro de las cárceles, situación que impide ser detectadas por aplicaciones gratuitas que ofrecen las tiendas virtuales.
En el Huila
Para el 2024 el departamento del Huila cerró con un total de 275 denuncias en todo el departamento incluyendo a Neiva. Eso representa un aumento del 16% en extorsión, si se compara con el 2023. Ese aumento corresponde también a una tendencia nacional del comportamiento de la extorsión.
De estas denuncias, en el 2024 se realizaron 81 capturadas, un balance positivo comparándolo con el año 2023.
“Muchas de ellas fueron contra los grupos Gaor (Grupos armados organizados residuales) que son los que manos dinamizan el delito de la extorsión”, explicó el capitán Cristian Fernando León Cruz, comandante del Gaula de la Policía.
El proyecto de ley
En la plenaria de la Cámara de Representantes surte un proyecto por medio del cual se establecen medidas sobre la adquisición y venta de tarjetas SIM y otras tecnologías similares en Colombia, donde proponen dos secciones importantes con el objetivo de regular la venta de estas herramientas y de esta manera disminuir la extorsión que realizan a través de estas.
La primera es: “Obligatoriedad de identificación biométrica. Para la adquisición de una tarjeta SIM u otras tecnologías con fines similares, los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles, incluyendo los operadores móviles virtuales que presten los servicios de telecomunicaciones en Colombia, deberán registrar de inmediato en sus respectivas bases de datos: nombre y apellidos completos del suscriptor o usuario, número de identificación, tipo de identificación de documento (CC, CE, Pasaporte, NIT, TI), número del móvil, IMEI, correo electrónico y datos biométricos del suscriptor o usuario que permitan verificar su identidad y prevenir suplantaciones”.
Y la segunda sección de este proyecto es: “Identificación de llamadas procedentes de centros penitenciarios y carcelarios. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Ministerio de Justicia y del Derecho, reglamentará la implementación de una estrategia para que mediante sistemas tecnológicos se identifique y alerte a los usuarios sobre las llamadas originadas desde centros penitenciarios y carcelarios. Los operadores de telefonía móvil estarán obligados a implementar dicha estrategia para advertir al receptor sobre la procedencia de la llamada, respetando los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”.
“Esperamos que esta semana se pueda dar el segundo debate en plenaria de Cámara del proyecto que tiene por objeto que en Colombia se regule, se controle la venta de Sim-card, que cada comprador registre su biometría o sus datos y que se le pueda hacer trazabilidad, esto con el objeto de poder determinar cuando estas Sim-card son utilizadas para la extorsión, para el boleteo y para las amenazas de muerte. La extorsión ha crecido de manera gigante en Colombia y esa extorsión utiliza y se vale de medios como las Sim-card, que sin regulación y sin control alguno han podido ser una herramienta utilizada por la delincuencia desde las cárceles para cumplir con este delito. Esperamos que el Congreso de la oportunidad de tramitar esta ley, como también esperamos los actores privados permitan el debate y dejen que el país tenga herramientas reales en la lucha contra la extorsión y la delincuencia”, dijo el representante a la Cámara, Julio Cesar Triana.
