El gobierno de Nicolás Maduro anunció una drástica reducción de la jornada laboral en el sector público venezolano como medida para hacer frente a la crisis eléctrica que atraviesa el país.
Desde el lunes, los empleados estatales solo trabajarán tres días a la semana —lunes, miércoles y viernes— en horarios reducidos de 8:00 a. m. a 12:30 p. m., lo que equivale a 13,5 horas semanales, en contraste con las 40 horas regulares.
La medida, que tendrá una duración inicial de seis semanas, busca aliviar la demanda energética en un contexto de sequía que ha afectado los embalses responsables de la generación hidroeléctrica y termoeléctrica.
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“Emergencia climática” o fallas estructurales
En un comunicado oficial, el Ministerio de Energía Eléctrica justificó la decisión argumentando que Venezuela enfrenta un fenómeno climático adverso que ha reducido el nivel de agua en los embalses, afectando la producción de energía.
“Estamos haciendo frente a un evento climatológico que afecta el nivel de agua de los embalses que generan la energía en la región andina. Por ello, se ajusta el horario laboral y se declara el 1×1, que consiste en un día laborable por un día que no lo es”, señala el documento.
Sin embargo, expertos en el sector eléctrico sostienen que la crisis energética no responde exclusivamente a factores climáticos, sino a la falta de inversión, mantenimiento y modernización del sistema. En los últimos 15 años, los cortes y racionamientos eléctricos han sido recurrentes en varias regiones del país, afectando la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
Medidas adicionales para el ahorro energético
Además de la reducción de la jornada laboral, el gobierno de Maduro ha exhortado a la población a adoptar otras medidas de ahorro energético, entre ellas:
- Ajustar la temperatura de los aires acondicionados a 23 °C.
- Aprovechar al máximo la luz natural para reducir el uso de iluminación artificial.
- Desconectar aparatos electrónicos en desuso para disminuir el consumo de electricidad.
Un precedente en crisis eléctricas
No es la primera vez que el régimen venezolano impone restricciones laborales para enfrentar problemas energéticos. En 2019, tras un apagón masivo que dejó sin luz a gran parte del país, el gobierno redujo la jornada laboral con argumentos similares.
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