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Condenados exfuncionarios de la Alcaldía de Garzón por irregularidades en contrato de rehabilitación de centro recreacional

Mar 26, 2025

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Un juez penal de conocimiento condenó a cinco años de prisión al exdirector de Planeación de la Alcaldía de Garzón, Jaime Alejandro Ramírez Franco, y al exasesor jurídico, Carlos Eduardo Cuéllar Arteaga, por su participación en irregularidades en la adjudicación de un contrato para la rehabilitación de un centro recreacional en el año 2013.

Así mismo, el contratista Nelson Vargas Cadena fue sentenciado a cuatro años de prisión. Los tres implicados fueron hallados responsables del delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Manipulación del proceso contractual

Según las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, en noviembre de 2013 la Alcaldía de Garzón direccionó un proceso licitatorio que resultó en la adjudicación de un contrato a Vargas Cadena. El proyecto, que tenía un valor superior a 2.000 millones de pesos, contemplaba la rehabilitación de las piscinas, instalación de atracciones acuáticas, construcción de cabañas y canchas de voleibol playa en el centro recreacional Manila.

Las investigaciones establecieron que Ramírez Franco y Cuéllar Arteaga ajustaron los pliegos de condiciones para que únicamente Vargas Cadena pudiera cumplir con los requisitos exigidos, impidiendo la participación de otros oferentes.

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Entre las irregularidades detectadas se encontraron:
 Requisitos habilitantes y de participación diseñados para favorecer al contratista.
 Exigencias técnicas y de experiencia que restringían la competencia.
 Condiciones de capacidad financiera que limitaban a otros posibles proponentes.

Estos elementos evidenciaron que el contrato fue adjudicado sin garantías de transparencia y en violación a los principios de libre concurrencia y selección objetiva en la contratación pública.

Un fallo en primera instancia

La decisión del juez es de primera instancia, lo que significa que los condenados pueden interponer los recursos de ley correspondientes. Sin embargo, la Fiscalía enfatizó que esta condena marca un precedente en la lucha contra la corrupción en la contratación pública en el departamento del Huila.

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