Ha sido una constante durante el presente gobierno nacional de incumplir todos los acuerdos que han suscrito con los dirigentes de las diferentes organizaciones sociales y gremiales que han expresado a través de las protestas sociales, su inconformismo porque han sido burlados por la falta del apoyo que han venido exigiendo para el desarrollo de sus diferentes actividades productivas. Infortunadamente su accionar gubernamental ha sido nefasto por la aplicación incoherente de los instrumentos de la política macroeconómica que han lesionado a la estructura productiva del sector agropecuario y por ende la de los arroceros. No han transcurrido 15 días del acuerdo suscrito con el gobierno nacional y ya se empieza a generar desconfianza porque no se vislumbran las soluciones a la profunda crisis en que se debaten. No hay derecho que dicha organización social, se ensanche contra el bienestar de las familias que se encuentran atravesando peores dificultades para satisfacer sus demandas. Actualmente estamos atravesando un proceso de pauperización económica que no se compadece con la actitud intransigente de seguir paralizando a este territorio. Se carece de autoridad y no se observan soluciones en el corto plazo, mientras persistan las condiciones de ilusiones y fantasías traídas del universo, como lo plantea el presidente Gustavo Petro Urrego, cuando se dirigen a los colombianos, mediante una retórica barata y discursiva, que conduzca a superar las problemáticas regionales. Estamos condenados a soportar estos mensajes que solo se lo creen los movimientos políticos afectos al ejecutivo. Por este motivo, podemos afirmar, que se están convirtiendo en los jefes de debate gratuitos, para que el candidato que seleccione el expresidente Alvaro Uribe Vélez, se convierta en el primer mandatario de los colombianos en el próximo cuatrienio. Las encuestas que están desarrollando las empresas autorizadas por el Consejo Nacional Electoral, están generando pronósticos favorables para que se cumpla esta premisa que planteamos. La sociedad colombiana está cansada del actuar gubernamental de este gobierno. Más de 805 municipios del país, se encuentran en poder de la criminalidad. Las masacres, la extorsión, el desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, narcotráfico, corrupción y desplazamiento forzado son entre otras manifestaciones delincuenciales que están destruyendo la dinámica económica del país y que tienen en jaque al mismo gobierno nacional, porque están decrecimiento los recaudos tributarios, que le están generando dificultades para atender las soluciones a las protestas sociales que día tras día, se siguen incrementando en el territorio colombiano. Mientras tanto, algunos bufetes de abogados están legalizando los poderes para instaurarles las demandas judiciales a los lideres y propietarios de los predios arroceros en jurisdicción del municipio de Campoalegre, los cuales ya se encuentran plenamente identificados, para que respondan civil y penalmente, por los daños causados por los bloqueos que propiciaron y que afectaron a los establecimientos comerciales y hoteleros de los municipios de los departamentos del surcolombiano.
