La Administración Municipal, pide ayuda para dar la alimentación a personas privadas de la libertad de la ciudad, porque según manifestaron, se convirtieron en un Centro de Detención Regional, y solos le es prácticamente imposible hacerse cargo de esta responsabilidad, que no tiene la ayuda de las demás municipalidades.
Ya en julio de 2024, el Ministerio Público formuló pliego de cargos contra los exmandatarios, Hugo Ferney Casanova del municipio del Pital, Cesar Germán Roa de Gigante. Asimismo, la entidad, requirió a mandatarios locales del Huila informar las medidas adoptadas para reducir hacinamiento carcelario.
Por esos hechos, la entidad investigativa, calificó la aparente conducta de los tres exmandatarios locales como una falta grave cometida a título de culpa grave.
Le trasladaron la responsabilidad
Y con el fin de conocer en relación a la alimentación carcelaria de la ciudad, este medio de comunicación dialogó con José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno de Neiva, quien manifestó: “lo primero que debo decir es que la Nación, de un momento a través de la Ley 1709 de 2014 y de la 2346 de 2024, trasladarle las responsabilidades que tenía el Estado a los Municipios, y entonces las cárceles, la vigilancia, custodia, el bienestar de la población privada de la libertad que estaban a cargo del Gobierno Nacional, ahora mágicamente están a cargo de los Municipios”.
La queja del funcionario es la siguiente: “el problema es que no deciden trasladarle recursos para este fin, sin contar con las fuentes de financiación, y ahí los entes territoriales, entraron a asumir una responsabilidad para la cual no estamos preparados, porque entonces nos corresponde hacer cárceles con altas especificaciones, y dar bienestar, vigilancia, conseguir empleados, hacer remisiones, y ahora la alimentación. Un problema muy complejo, que no solo involucra a Neiva, sino a todos los municipios del país”.
El secretario agregó que hace poco tiempo, participó en una mesa virtual, sobre esta problemática penitenciaria, donde se hicieron presentes, Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, el procurador en Derechos Humanos, en la cual participaron más de 200 alcaldes del país, donde todos habrían levantado su voz de protesta por lo anunciado.
Le puede interesar: https://staging.diariodelhuila.com/un-verdadero-canalla-dura-respuesta-de-irene-velez-a-miguel-uribe/
Capítulo Neiva
Asimismo, el funcionario, indicó que esta semana se va a adelantar una mesa exclusiva para la ciudad, donde tendrán asiento el Ministerio de Justicia, la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC, Gobernación del Huila y Alcaldía de Neiva.
“En la cual precisamente, vamos a abordar este delicado tema, que es asumir la alimentación de las personas privadas de la libertad que hoy tenemos bajo nuestra responsabilidad”, indicó Ferney Ducuara.
Y en cuanto al costo de esta responsabilidad para el Municipio, el secretario agregó: “vale más de $1.500 millones con precios de la Uspec, que tiene un costo por día de $20.046, incluye tres raciones al día por persona, desayuno, almuerzo y cena, adicionalmente un refrigerio, con precios de la entidad en mención”.
Privados de la liberad
Ahora, teniendo en cuenta los 250 o 300 personas privadas de la libertad que tiene el Municipio y mantenelos, tiene un valor por encima de los $1.500 millones, y que hoy Neiva, no tiene asegurado estos recursos para alimentarlos.
En este sentido, la Alcaldía junto a la Gobernación del Huila, Ministerio de Justicia y Uspec, buscar la cofinanciación que les permita atender a los capturados.
El funcionario, invocó el artículo tercero de la Ley 2346 de 2024, donde indica que el Gobierno Nacional, podrá destinar recursos para la población privada, que se encuentra en los Centros de Detención Transitoria.
Esperan recursos
Cabe mencionar, que Neiva, es el único municipio del Huila, que tiene esta problemática, por ende, esperan tener los dineros para atender a los detenidos. El resto de capturados, se encuentran en las Estaciones de Policía, subestaciones y CAI.
“Aquí una reflexión mayor, ya que somos los únicos con Centro de Detención Transitoria, nos hemos convertido en un centro de capturas regional, y los detenidos del centro y norte del Huila, todos van a parar allá, a las Bodegas de Alpina. No hay más donde llevarlos”, resaltó el secretario de Gobierno.
Según el funcionario, este problema nació el día en que el Estado, delegó esta responsabilidad en los municipios.
El plan
En este aspecto, Ferney Ducuara, indicó que tiene elaborado un proyecto en fase III para pedirle a los entes territoriales del orden departamental y nacional, la cofinanciación.
“Ya he alzado la voz al Gobierno Nacional y Departamental, reclamando apoyo para alimentar a las personas privadas de la libertad, y esperamos la próxima semana tener el cierre financiero de esta obligación, para salir al mercado y atender este aspecto, porque ya es el 1 de julio del presente año que nos corresponde asumir esta obligación”, resaltó el funcionario.
Le puede interesar: https://staging.diariodelhuila.com/alejandro-serna-senalado-por-posible-mal-manejo-en-tramite-de-endeudamiento/
Gobernantes en la ‘lupa’ por hacinamiento
Ya en el mes de julio de 2024, la Procuraduría General de la Nación, requirió a la Gobernación del Huila y a los alcaldes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata un informe detallado sobre las acciones planteadas en sus respectivos planes de desarrollo para contrarrestar el hacinamiento en las estaciones de Policía y centros de detención transitoria de sus jurisdicciones.
Así lo solicitó la Procuraduría Regional de Instrucción del Huila a los mandatarios regionales, durante una mesa de trabajo en la que se analizó la situación penitenciaria del departamento, tras el intento de fuga registrado en el centro de reclusión transitorio ubicado en el barrio Alpina de la comuna seis de Neiva.
En la reunión, el órgano de control también solicitó a los mandatarios indicar los recursos destinados para el mejoramiento o restructuración de las sedes, donde permanecen las personas privadas de la libertad, o en su defecto para comprar o arrendar inmuebles que permitan su reubicación.
Por lo anterior, el Ministerio Público solicitó a los directores de las cárceles de esos municipios adoptar las medidas pertinentes que les permita recibir a quienes ya se encuentran condenados y aún permanecen en las estaciones de Policía o centros transitorios, pues esa medida permitiría reducir el hacinamiento que se registra en la actualidad.
Admitida tutela
Además, fue admitida la tutela de 170 personas privadas de la libertad, que se encuentran detenidas en el Centro de Detención Transitoria, antiguas ‘Bodegas de Alpina’, quienes expresan que el derecho a la dignidad humana, les ha sido vulnerado. Y como ya han denunciado, los alimentos a veces llegan descompuestos.
Al respecto, Jerson Bastidas, personero de Neiva, expresó: “si bien es cierto estas personas están allí recluidas, porque cometieron alguna falta el Sistema Penal Colombiano o aparentemente incurrieron alguna contravención a esas normas de prohibición, a algunos no se les ha demostrado precisamente esa responsabilidad, y eso hace que haya una diferenciación entre personas condenadas y sindicadas”.
“Precisamente, este fallo hace esa diferenciación y ordena que las personas condenadas estén en la cárcel. En este caso en el Centro Penitenciario y Carcelario de Neiva, y las sindicadas, que están a cargo del municipio como entidad administrativa, pueden quedarse en estos sitios transitorios”, resaltó el funcionario.
