El país se encontraria ante un panorama energético desafiante debido a la disminución de sus reservas de gas natural y el incremento en la necesidad de importaciones. Según Fitch Ratings, para 2025, Colombia solo contará con reservas suficientes para seis años, mientras que su producción interna apenas cubrirá el 88 % de la demanda proyectada. Para 2026, este porcentaje descenderá al 70 %, lo que acentúa la dependencia del gas importado y el impacto en los costos del servicio.
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La escasez de producción nacional ha llevado a que las importaciones representen el 20 % del consumo total, incrementando los costos que, según la regulación vigente, pueden ser trasladados a los usuarios finales. Empresas como Vanti y EPM ya han aplicado aumentos tarifarios de hasta un 36 % y 21 %, respectivamente, lo que ha contribuido al incremento de la inflación. Ante este escenario, el Gobierno ha ordenado a Ecopetrol intervenir en las compras de gas desde Catar, aunque expertos advierten que esta medida no necesariamente reducirá los precios debido a los altos costos de transporte y la falta de infraestructura para su recepción.
Actualmente, Colombia cuenta con una única planta de regasificación en el Caribe, lo que limita la capacidad de importar mayores volúmenes de gas. Mientras tanto, los principales campos productores, como Cusiana, Cupiagua y La Guajira, han reducido su producción de 550 a 425 Gbtu diarios, agravando la situación. A esto se suma la incertidumbre generada por la decisión del Gobierno de no suscribir nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, lo que podría profundizar el déficit en los próximos años.
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Ante la necesidad de garantizar el abastecimiento, la construcción de una segunda planta de regasificación en el Pacífico se plantea como una solución, pero enfrenta dificultades económicas y ambientales. En paralelo, el proceso de transición energética hacia fuentes renovables avanza con desafíos, ya que el gas sigue siendo fundamental en la matriz energética nacional, especialmente para respaldar la generación térmica en épocas de baja producción hidroeléctrica. Sin inversiones en infraestructura y producción, el país podría enfrentar una crisis energética más severa en el mediano plazo.
