Por: Franky Vega M.
Pitalito y el sur del Huila han sido tradicionalmente conocidos por su café de alta calidad, su riqueza cultural y su potencial turístico. Sin embargo, en los últimos dos años, una oscura sombra se ha posado sobre la región: el incontrolable crecimiento de los homicidios, que ha alcanzado cifras sin precedentes y que, lejos de ser una tendencia nacional, se ha convertido en un fenómeno particular del territorio.
Los números hablan por sí solos. En Pitalito, el homicidio creció un alarmante 42,86% en el último año, pasando de 49 casos en 2023 a 70 en 2024, convirtiéndose en la cifra más alta en la última década. Pero el problema no se limita solo a esta ciudad. En municipios como Saladoblanco, el incremento fue de un aterrador 400%; en San Agustín, 200%; en Palestina, 300%; en Isnos, 155%; y en Acevedo, 11,76%. Este crecimiento desmesurado contrasta con la tendencia general del departamento del Huila, que, pese a esta crisis focalizada, solo experimentó un aumento del 5,18% en homicidios. Paradójicamente, en la mayoría de los municipios del departamento los homicidios se redujeron, incluyendo Neiva, la capital, que logró una disminución del 10,87%.
¿Es un fenómeno nacional? Las estadísticas dicen lo contrario. En ciudades tradicionalmente violentas como Popayán, Florencia, Mocoa, Buenaventura, Cali y Medellín, el homicidio ha disminuido entre 2023 y 2024, con reducciones que van desde el 4,17% hasta el 44,12%. Solo Bogotá y Barranquilla presentaron incrementos en sus tasas de homicidios (11,07% y 29,87% respectivamente), pero, aun así, lejos del preocupante incremento registrado en el sur del Huila.
¿Qué está pasando en nuestra región? Uno de los factores determinantes parece ser la disminución de la operatividad en materia de seguridad. En Pitalito, las capturas realizadas por la fuerza pública han venido en caída libre. En 2017, se realizaron 1.191 capturas; en 2023, la cifra descendió a 756, y en 2024, se redujo aún más a 720, con una disminución del 4,26% respecto al año anterior. De igual manera, la incautación de armas de fuego ha bajado significativamente: de 91 en 2023 a 72 en 2024, lo que representa una reducción del 20,88%. Mientras en el resto del país y en otros municipios del Huila las cifras de incautación de armas aumentan, en Pitalito decrecen.
Este panorama nos obliga a reflexionar. No podemos seguir normalizando la violencia ni aceptar explicaciones que buscan diluir la responsabilidad en tendencias nacionales inexistentes. El sur del Huila está viviendo una crisis de seguridad que requiere acciones inmediatas y contundentes por parte de las autoridades de policía y militares, pero también de los gobernantes de turno del orden municipal y departamental, quienes ejercen la función constitucional de ser los comandantes de policía en sus respectivos territorios de competencia.
No podemos seguir prometiendo en campaña soluciones mágicas o mentirosas a los problemas de inseguridad y luego, en el gobierno, olvidar que dijeron que sería su prioridad. Hoy es el momento de demostrarlo. Más resultados es lo que espera la sociedad civil, no menos acciones.
Esperamos que el llamado de atención respetuoso, pero contundente que le hicimos a las autoridades de policía, militares y administrativas desde el Concejo Municipal el pasado mes de febrero, sirva para que ajusten el trabajo, crezcan en operatividad y tengan mejores resultados en el 2025. Para la sociedad es inexcusable que no capturen delincuentes porque no tienen dónde recluirlos, eso es vergonzoso.
Tampoco es excusa que quienes han perdido la vida por homicidio con arma de fuego sean personas con antecedentes o investigaciones penales, porque más de un 48% de las víctimas asesinadas vilmente no tenían antecedentes ni portaban armas. Tal es el caso del fotógrafo Leonardo Santos, el cafetero Nelson Guzmán y la vigilante Diana Quilcue, quienes fueron víctimas inocentes de una violencia descontrolada que no distingue entre delincuentes y ciudadanos de bien. La inseguridad afecta a todos, y por ello es urgente una respuesta firme y efectiva por parte de las autoridades.
Ante tanta inseguridad y la creciente imposibilidad de la fuerza pública de garantizarnos la vida, honra y bienes, cabe preguntarnos si es viable dar trámite a una propuesta legislativa que vuelva a permitir el porte legal de armas a personas expuestas o en riesgo de seguridad, como comerciantes, empresarios, dirigentes políticos, ganaderos, cafeteros y periodistas, etc. La actual prohibición de porte de armas, nace de la ley 61 de agosto 12 de 1993, que dio vida al decreto legislativo 2535 de diciembre 17 de 1993, que luego fue regulado a través de la ley 1119 de 2006, en su artículo 10 autorizo la suspensión del porte, que se hizo realidad mediante el Decreto presidencial 2362 de 2018, prorrogado según el Decreto Presidencial 1556 del 24 de diciembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, y hoy en las condiciones actuales tal prohibición de porte de armas parece favorecer únicamente a la delincuencia, quienes andan armados y sin control por todas las ciudades, generando homicidios y más violencia en contra de la población civil desarmada. Es un debate necesario, que debe darse con responsabilidad y en el marco de la realidad de nuestra región y país.
Nos gustaría hablar de nuestras riquezas, de nuestro café premiado a nivel mundial, de la creciente cultura del ciclismo, del turismo que florece en San Agustín y en nuestros paisajes. Pero hoy, la urgencia es otra. No podemos permitir que la imagen de una tierra pujante y laboriosa se manche por la falta de acción y reacción de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
El sur del Huila no merece ser una estadística más en la crisis de inseguridad del país. Merece respuestas, soluciones y, sobre todo, el derecho a vivir en paz.
