POR: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
En una democracia el poder reside en el demos y el Presidente de la República acude a ese pueblo directamente a fin retar a los demás poderes y a quienes llama la “oligarquía”; especialmente al Congreso por no aprobar lo que califica como sus reformas sociales “progresistas”, lo que está por demostrarse. Ya lo había anticipado hace algunas semanas en una entrevista dada a un diario español, declarando que se había equivocado al creer que podía hacer una revolución gobernando, cuando quien debería hacerla es el pueblo y es el mismo pueblo quien definirá cuando.
Por supuesto, que los mecanismos de participación ciudadana están previstos en la Constitución, incluyendo el que ahora se anuncia de “consulta popular” para preguntar el pueblo si esta de acuerdo con las reformas que propone el Gobierno. Vamos descendiendo de mecanismo, pues cuando no salió adelante la primera reforma a la salud, se encargó al Ministro del Interior entrante, “realizará los contactos necesarios para que se concrete el poder constituyente…”, la misma que quedó en el olvido.
Resulta que en la misma Constitución y la ley 134 de 1994 que los reglamenta, se señalan los pasos que debe cumplir la utilización del mecanismo de la Consulta Popular; en primer lugar el Senado debe conceptuar sobre la convocatoria y sus preguntas y dar su visto bueno. Todo dependerá de las preguntas claras y precisas que se formulen. Se da por descontado, que serán tan obvias, que sería políticamente incorrecto para los senadores no aceptarlas.
Vendrá luego la votación, que se tendrá que dar dentro de los cuatro meses siguientes a la decisión del Senado, para esta se requiere que participe la tercera parte del censo electoral, que se calcula será de trece millones quinientos mil votos; y se requiere que el cuestionario sometido sea aprobado por la mitad más uno de los participantes.
Como se trata de preguntas muy genéricas, deberá pasar la consulta aprobada al Congreso para que la convierta en textos legales, para lo cual dispondrá de la legislatura en curso y de la siguiente. Esto significa que será el nuevo Congreso elegido en el 2026 quién reglamente. Si no lo hace, podrá el Presidente imponer por dictadura las reformas, mediante decreto con fuerza de ley. Tampoco le corresponderá al actual Presidente hacerlo.
¿Para que entonces tanta calentura y la “salida de madre” del Presidente para el día cívico por él convocado, reivindicando al M-19 y disparando contra el Congreso, alcaldes, gobernadores, empresarios, cristianos, etc., para un propósito que no podrá atender directamente? Lo que en realidad se busca con toda esta agitación y movilización social, es hacer política, mover a ese pueblo abstencionista de siempre para que rebase ese límite del 30% que tienen las huestes presidenciales del Pacto Histórico, insuficientes por si solas para mantener su movimiento en el poder; movilización necesaria para lograr ampliar su capacidad con miras a las próximas elecciones. Tanto sacrificio para nuestra democracia, por un mero afán politiquero.
