La tensión en el Huila se intensifica tras el violento ataque al peaje Laberinto, donde un grupo de encapuchados incendió la infraestructura en construcción. Mientras la ANI evalúa los daños y las autoridades buscan a los responsables, la protesta indígena señala su rechazo a la instalación de nuevos peajes en la región.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) continúa evaluando las pérdidas ocasionadas tras el atentado contra el peaje Laberinto, ubicado en la ruta 45 entre los municipios de Hobo y Gigante, en el Huila. El ataque fue perpetrado por un grupo de encapuchados que incendiaron las instalaciones, dejando daños significativos en la infraestructura en construcción.
El ataque y los daños registrados
Los hechos ocurrieron en la madrugada, cuando aproximadamente 100 indígenas llegaron hasta el peaje, que aún se encuentra en etapa de construcción, y prendieron fuego a las casetas. Como resultado, se reportaron daños en la estructura de las instalaciones, afectaciones en el sistema eléctrico y deterioro de elementos logísticos y de construcción.
Según las primeras investigaciones, los manifestantes habrían utilizado elementos incendiarios y objetos contundentes para generar los daños. Durante el ataque, fueron observadas dos chivas y cinco camionetas transportando a los presuntos responsables.
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Reacciones de la ANI y las autoridades
Ante los hechos, la ANI rechazó contundentemente el atentado contra la infraestructura vial y confirmó que aún no se han podido calcular con exactitud las pérdidas generadas por el ataque. «Las afectaciones se generaron en la infraestructura y dejaron pérdidas que hasta el momento no se han podido calcular», informó la entidad en un comunicado.
Además, la ANI señaló que las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para identificar y dar con el paradero de los responsables. La Policía Nacional activó de inmediato un equipo especializado desde el Comando de Policía con el objetivo de esclarecer los hechos y llevar a cabo las acciones judiciales necesarias.
Advertencias previas sobre el atentado
Este atentado no tomó por sorpresa a las autoridades locales, ya que había sido advertido durante el último Puesto de Mando Unificado (PMU), realizado el día anterior como parte del seguimiento al paro arrocero y la Minga Indígena.
El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas Rivas, aseguró que durante la reunión se alertó sobre el riesgo de ataques a la infraestructura del peaje Laberinto y se solicitó a la Policía Nacional que adoptara medidas preventivas. «Debemos mencionar que el riesgo de que esta situación se registrara había sido advertido durante el PMU y se había solicitado a la Policía Nacional que tomara medidas para evitar cualquier tipo de acto de vandalismo, no solo contra la infraestructura del peaje Los Cauchos, donde se adelanta la Minga Indígena, sino también en esta infraestructura en construcción», explicó el funcionario.
Motivos detrás de la protesta
Los voceros del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) han manifestado que la movilización que adelantan desde el pasado sábado tiene como propósito exigir el cumplimiento de acuerdos previamente pactados con el Gobierno Nacional. Además, rechazan la instalación de nuevos peajes sobre la ruta 45, al considerar que afectan directamente a sus comunidades.
Desde la ANI, se reiteró que se han adelantado múltiples mesas de trabajo con las comunidades y la Gobernación del Huila para establecer una tarifa diferencial que beneficie a las poblaciones aledañas. La entidad subrayó su disposición al diálogo y afirmó que ha atendido todas las reclamaciones de la comunidad respecto a la implementación de este peaje.
El atentado contra el peaje Laberinto refleja la tensión entre las comunidades indígenas y el Gobierno Nacional respecto a la implementación de nuevos peajes en la región. Mientras las autoridades avanzan en la investigación para identificar a los responsables, la ANI continúa evaluando los daños causados y mantiene su compromiso con el diálogo para buscar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.
Este suceso pone en evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y los espacios de concertación entre el Gobierno y las comunidades, con el fin de evitar nuevos actos de violencia y garantizar el respeto por la infraestructura pública.
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