Los agricultores de arroz cumplen más de una semana en paro, con bloqueos que afectan la movilidad y la economía en varios departamentos. Mientras los gremios piden soluciones urgentes, el Gobierno no logra destrabar el conflicto.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
El paro arrocero en Colombia lleva más de ocho días sin vislumbrarse una solución clara. Lo que comenzó con protestas en Meta, Sucre, Tolima y Huila, se ha extendido a Casanare, La Guajira, Santander, Córdoba y otros departamentos, generando bloqueos en vías clave y afectaciones económicas. Los cultivadores exigen precios justos para su producto, argumentando que el costo de producción supera ampliamente el precio al que se les paga.
Diálogos sin acuerdo y bloqueos en aumento
Durante el fin de semana, representantes del Gobierno Nacional intentaron llegar a un acuerdo con los manifestantes en El Espinal, Tolima, pero las conversaciones fracasaron. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reiteró la necesidad de soluciones inmediatas y de que el presidente Gustavo Petro atienda directamente a la comisión del paro.
Las protestas han provocado el cierre de vías con maquinaria agrícola y largas filas de vehículos detenidos, afectando el transporte de productos perecederos y otras mercancías. En regiones como Tolima y Huila, los agricultores han establecido cierres intermitentes de seis horas, permitiendo solo una hora de paso.
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Gremios y sectores afectados
El paro también ha impactado gravemente el sector turístico. En Tolima, el secretario de Cultura y Turismo, Alexander Castro, advirtió sobre millonarias pérdidas para hoteleros y comerciantes en municipios clave como Melgar, Carmen de Apicalá e Ibagué. En Huila, comerciantes y empresarios han hecho llamados urgentes al Gobierno para una solución rápida.
En Casanare, el Consejo Gremial ha rechazado los bloqueos en la vía Marginal del Llano, argumentando que afectan la movilidad, el comercio y el abastecimiento de bienes y servicios. Aunque reconocen la importancia del sector arrocero, insisten en que las protestas no deben vulnerar derechos fundamentales como el acceso a la salud y la seguridad alimentaria.
Exigencias y soluciones propuestas
Los arroceros demandan un precio mínimo de 220.000 pesos por carga de arroz paddy verde para garantizar la rentabilidad del sector. El Gobierno propuso un subsidio de 10.000 millones de pesos para la cosecha de junio, pero los manifestantes lo consideran insuficiente.
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, ha instado al Gobierno a instalar de manera urgente una mesa de negociación para resolver la crisis. En una reunión con arroceros en Puerto López, destacó que el Meta es el tercer productor de arroz del país con 493.679 toneladas anuales.
Mientras los gremios presionan por soluciones estructurales, la incertidumbre sigue latente. El paro arrocero no solo afecta a los agricultores, sino también a la economía, el turismo y la movilidad en varias regiones del país.
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