Carlos Yepes A.
En medio de los múltiples desafíos que enfrenta Colombia, existe una crisis silenciosa que afecta a millones de ciudadanos y que requiere una respuesta contundente por parte del Gobierno Nacional: la salud mental. Según el diagnóstico revelado en el documento CONPES 3992, aproximadamente el 20% de la población colombiana padece algún trastorno mental a lo largo de su vida, cifra alarmante que revela la magnitud de una problemática que ha permanecido en las sombras por demasiado tiempo.
El Huila no es ajeno a esta realidad. Nuestro departamento ha vivido el impacto del conflicto armado, la desigualdad socioeconómica y, recientemente, las secuelas de la pandemia, factores que han profundizado los problemas de salud mental en la región. Ante este panorama, resulta imperativo que el Gobierno Nacional asuma un rol protagónico en la implementación efectiva de la política pública de salud mental.
Uno de los aspectos más preocupantes revelados por el CONPES 3992 es que Colombia destina apenas el 2% del presupuesto en salud a la atención mental, cifra evidentemente insuficiente frente a la magnitud del problema. Esta subfinanciación crónica se traduce en escasez de profesionales especializados, infraestructura hospitalaria deficiente y barreras de acceso a tratamientos, especialmente en zonas rurales como muchas del Huila.
El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad ineludible de incrementar progresivamente este presupuesto hasta alcanzar al menos el 5% recomendado por expertos. Sin esta decisión política, las estrategias planteadas en el CONPES difícilmente pasarán del papel a la realidad.
Si bien el CONPES 3992 establece un marco de acción prometedor, con cuatro líneas estratégicas claramente definidas (prevención, fortalecimiento de la atención, intervención en factores de riesgo, y gobernanza), la experiencia nos ha enseñado que en Colombia abundan los documentos de política pública, pero escasea su implementación efectiva.
El Gobierno debe garantizar una verdadera articulación interinstitucional, donde el Ministerio de Salud, las EPS, IPS y entes territoriales trabajen coordinadamente bajo un liderazgo claro que evite la tradicional dilución de responsabilidades. La salud mental no puede seguir siendo la «cenicienta» del sistema de salud.
La escasez de profesionales especializados en salud mental constituye otro desafío mayúsculo. En departamentos como el Huila, la disponibilidad de psiquiatras, psicólogos clínicos y trabajadores sociales con formación en salud mental está muy por debajo de los estándares recomendados por la OMS.
El Gobierno Nacional debe implementar incentivos efectivos para la formación y retención de estos profesionales, especialmente en regiones apartadas. Programas de becas, estímulos salariales y mejora de condiciones laborales son medidas indispensables para cerrar esta brecha.
El momento actual representa una oportunidad histórica para que el Gobierno Nacional demuestre un compromiso sin precedentes con la salud mental de los colombianos. La implementación efectiva del CONPES 3992 podría marcar un antes y un después en la forma como el país aborda esta dimensión fundamental del bienestar.
Para los huilenses, una política de salud mental robusta y bien implementada significaría acceso real a servicios de calidad, reducción de la carga de enfermedad mental y mayor productividad y bienestar. El Gobierno Nacional tiene la palabra: ¿seguiremos tratando la salud mental como un asunto secundario o le daremos, por fin, la prioridad que merece?
La respuesta a esta pregunta definirá no solo el futuro inmediato de millones de personas que sufren en silencio, sino también el tipo de sociedad que estamos construyendo para las próximas generaciones.
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