Por: Felipe Rodríguez Espinel
La reciente movilización indefinida anunciada por el sector arrocero colombiano evidencia, una vez más, la profunda crisis estructural que atraviesa el agro nacional. Este conflicto, que se materializa en las vías de Tolima, Huila, Meta, Casanare y Norte de Santander, no es un fenómeno aislado ni reciente, sino la manifestación de un problema sistémico que ha persistido a través de diferentes administraciones gubernamentales.
El sector arrocero, pilar fundamental de la seguridad alimentaria colombiana, se encuentra en una encrucijada donde convergen múltiples factores adversos. Los agricultores denuncian pérdidas superiores a dos millones de pesos por hectárea cosechada, una cifra alarmante que refleja la inviabilidad económica de esta actividad bajo las condiciones actuales. Con un precio de compra muy por debajo de los 220.000 pesos que asegurarían un mínimo de rentabilidad, miles de familias que dependen de este cultivo en más de 210 municipios están viendo amenazada su subsistencia.
La problemática se agudiza ante la apertura comercial indiscriminada. Los tratados de libre comercio, particularmente con Estados Unidos y Ecuador, han inundado el mercado nacional con arroz importado sin que se implementen las salvaguardias necesarias para proteger a los productores locales. Las importaciones de arroz crecieron un 84% en los últimos cinco años, desplazando la producción nacional y deprimiendo aún más los precios internos.
Por su parte, el Gobierno Nacional ha mostrado una respuesta insuficiente ante la magnitud de la crisis. Cinco meses de diálogos sin resultados concretos revelan una preocupante desconexión entre las políticas públicas y las realidades del campo. Las medidas paliativas, como subsidios temporales o promesas de ayudas que no se materializan, no abordan las causas estructurales del problema ni ofrecen soluciones sostenibles a largo plazo.
Una situación que nos confronta con una paradoja fundamental. Colombia, un país con vocación agrícola y condiciones climáticas privilegiadas para la producción de arroz, está permitiendo el progresivo desmantelamiento de su capacidad productiva nacional en favor de intereses comerciales cortoplacistas. Las consecuencias de esta política trascienden lo meramente económico, afectando la soberanía alimentaria, el desarrollo territorial y la paz social en regiones históricamente vulnerables.
Es imperativo repensar el modelo de desarrollo rural colombiano desde una perspectiva integral que reconozca el valor estratégico de la producción nacional de alimentos. Esto implica implementar políticas diferenciadas que respondan a las particularidades territoriales, fortalecer las capacidades técnicas y financieras de los productores, y revisar críticamente los acuerdos comerciales para garantizar condiciones equitativas de competencia.
La movilización arrocera no debe ser vista como un simple episodio de presión sectorial, sino como una señal de alerta sobre los riesgos de persistir en un modelo económico que sacrifica la sostenibilidad de la producción nacional en aras de una integración comercial desbalanceada. El verdadero desarrollo del país pasa necesariamente por la construcción de un sector agrícola dinámico, tecnificado y, sobre todo, económicamente viable para quienes dedican su vida a producir los alimentos que consumimos.
