Los organismos de acción comunal, pueden ser aliados estratégicos de las entidades estatales para la ejecución de los presupuestos públicos y el cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo de los entes territoriales.
Ahora, el Instituto Departamental de Acción Comunal (Idaco-Huila), tiene un presupuesto de $3.200 millones para iniciar sus labores en el presente año, de allí, $1.728 millones son para el funcionamiento de la entidad y $1.542 millones para financiar las acciones vinculadas con las JAC.
Ya un funcionario del Ministerio del Interior, llegó al municipio de Santa María y capacitó a los integrantes de las JAC. Posteriormente, los comunales enviaron toda la actualización de los estatutos, exigidos por el Gobierno Nacional, para que puedan entrar a ejecutar recursos que se materialicen en obras para las comunidades.
Faltan más juntas
Y en cuanto al avance en materia de actualización de los requisitos exigidos por el Gobierno Nacional a las JAC, dialogamos con José Manuel Córdoba, gerente de Instituto Departamental de Acción Comunal (Idaco-Huila), quien manifestó. “El año pasado en vigencia del plazo establecido en el Decreto 1501 del año 2023, teníamos vencimiento para la renovación de estatutos, no obstante, el Estado expidió el Decreto 1264 del año 2024 y amplió el plazo para cumplir con este deber que culmina el día 12 de septiembre del año 2025”.
Según el funcionario, entre el 65% y 70%, de las JAC, renovaron los estatutos y otros requisitos solicitados.
La apuesta de la entidad, es que los convenios que ejecuten, se realicen vía convenio administrativo con las secretarías y entidades competentes en los distintos aspectos.
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¡Asociaciones atentas!
En cuanto a las implicaciones de no realizar estos trámites, el administrativo agregó: “para ellos poder acceder a recursos en convocatorias ofertadas por entidades estatales, se exigen ciertos requisitos de orden legal, el primero de ellos, además de la personería jurídica vigente, son los estatutos que en últimas son la norma que determina el funcionamiento del organismo de acción comunal, por ejemplo, si no los tienen o los dejan vencer, se pueden perder una eventual convocatoria y no acceder a los recursos”.
En el departamento del Huila, existen en total cerca de 2.700 organismos de acción comunal, de los cuales Idaco, le hace inspección a aproximadamente 2.200 asociaciones, ubicadas en 35 de los 37 municipios del Departamento. Allí, no se cuenta Neiva, ni Pitalito, porque son entes territoriales certificados y gozan de autonomía.
Sin embargo, gracias a la ampliación del plazo de la convocatoria, las organizaciones de acción comunal restantes, aún están habilitadas para celebrar cualquier tipo de vínculo contractual con el Estado.
Recursos y Juntas
En este sentido, la figura de convenio solidario, nació en la Ley 136 de 1994 y permitía la celebración de convenios con entidades sin ánimo de lucro u organismos de acción comunal de manera específica, hasta la mínima cuantía.
“Ahora, la Ley 2166 amplió ese tope en el artículo 63 y 95, hasta la menor cuantía de las entidades, en términos ya concretos, lo que concierne a Idaco o a la gran mayoría de municipios del Departamento que se encuentran en la sexta categoría, es de aproximadamente, $380 millones. Este rubro depende del presupuesto general de la entidad”, indicó Manuel Córdoba.
Por ejemplo, de llegar a suscribirse un convenio con la Gobernación del Huila, la menor cuantía, sería una cifra cercana a los $1.100 millones y con el presupuesto de Idaco, sería la cifra ya expuesta.
¡Buenos aliados!
En este entendido, la normatividad existente, permite que se celebren convenios solidarios para la ejecución de obras para la prestación de servicios o suministro de bienes. “Es decir que los organismos de acción comunal, pueden ser aliados estratégicos de las entidades estatales para la ejecución de los presupuestos públicos y el cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo. En ese orden de ideas, ya va a depender de la oferta que cada entidad territorial y de acuerdo a la conveniencia y naturaleza de la contratación, porque hay convenios que tienen un bajo nivel de complejidad”, dijo el gerente de Idaco.
Sin desconocer que se van a presentar contratos que son técnicamente complejos, y en ese orden de ideas, se requerirá de un experto para poderlo ejecutar.
Y entre las actividades a realizar por las asociaciones comunales, pueden realizar limpieza de las vías, ‘placa huellas’, mejoramiento de restaurantes estudiantiles y de aulas de preescolar. También, se pretende que realicen cementaciones en los cascos urbanos, mejoramiento de escenarios deportivos, y acueductos rurales.
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Plan de optimización
Según el funcionario, Rodrigo Villalba, gobernador del Huila, ha solicitado un plan y es el de “diseñar un modelo de presupuesto, que optimice los recursos, sin disminuir la calidad. Estamos haciendo unos ejercicios con algunos alcaldes que han venido trabajando con las Juntas de Acción Comunal, empresas privadas de ingeniería, buscando establecer el monto óptimo que nos permita a un bajo costo hacer obras con estas asociaciones, específicamente en este caso cementación urbana, vincular a la comunidad en la ejecución del presupuesto y hacer rendir los recursos que es la mayor recomendación”.
La operación del convenio solidario, se ha estructurado de tal manera que permita salvaguardar los recursos públicos, que se están invirtiendo y ejecutando a través de las JAC. “Para ello se han establecido varios filtros o controles, a nivel del manejo de los recursos y de acuerdo al pliego tipo, que estableció la agencia de contratación pública, Colombia Compra Eficiente”, dijo el funcionario.
Además, en el plan piloto, se van a manejar recursos de la siguiente manera, “en una cuenta exclusiva para el convenio que se maneja con la firma conjunta entre el gerente del Idaco y el presidente de la Junta y previo a cualquier decisión, hay un comité que hace el análisis de las compras que se requieran para darle ejecución al acuerdo, y de acuerdo a la decisión que se tome, previa presentación de las cotizaciones por parte de los comunales, quienes son los encargados de realizar el proceso de contratación con los distintos proveedores”, explicó el directivo.
Hay que resaltar un aspecto muy preponderante, y es que la supervisión se encuentra a cargo de Idaco, a través de ingenieros y contadores que son los delegados para hacerle seguimiento a estos proyectos. El proceso es el siguiente, primero la asociación carga la información a la plataforma, sube los soportes previos y una vez apruebe el líder comunal, pasaría a buscar la aceptación por el Instituto, así se estaría completando el trámite para el pago del respectivo tercero.
“Ya el proceso avanza, distintas Juntas, han enviado las hojas de vida del ingeniero civil, contador público, ya estamos haciendo el trámite de adquisición de pólizas y apertura de cuentas. Aspiro a que la semana entrante, estemos dando inicio a la ejecución de la obra en algunas veredas, y en la primera semana de de marzo que estén los 50 convenios en ejecución. El plazo inicial para su materialización es de 45 días hábiles”, finalizó el directivo.
