La reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, aprobada en el Congreso y sancionada en julio de 2024, enfrenta una fuerte presión por parte de sectores políticos y sociales que piden su anulación ante la Corte Constitucional.
Un debate que divide al país
Mientras el Gobierno y sus aliados defienden la norma y exigen que se rechacen las demandas, la oposición y sectores independientes denuncian irregularidades en su trámite, señalando que el debate en la Cámara de Representantes fue evadido y que se vulneraron principios legislativos.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, uno de los principales críticos, aseguró que la reforma presenta vicios que podrían derivar en su inconstitucionalidad. En su columna en El Tiempo, recordó que de las 58 demandas interpuestas, solo 19 han avanzado en el alto tribunal.
Le puede interesar: Los cambios que traería la Reforma Laboral
«Es para no creerlo que después de 7 meses todavía no haya un pronunciamiento sobre uno de los temas que mayor afectación tienen sobre la ciudadanía», criticó el líder de Cambio Radical.
El punto clave de la controversia
La mayor polémica radica en la aprobación exprés de la reforma en la Cámara, donde se avaló directamente el texto del Senado sin discutir más de 700 proposiciones presentadas por los congresistas.
«Todos recordamos la ‘jugadita’ de la plenaria de la Cámara cuando ‘pupitreó’ a la brava el texto enviado por el Senado. Esto impidió que los congresistas estudiaran las más de 700 proposiciones radicadas, restringiendo ilegalmente su capacidad de intervenir en el proceso legislativo», afirmó Vargas Lleras.
Según el exvicepresidente, este procedimiento podría conducir a la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma. Además, criticó que, pese a las advertencias de distintas bancadas, el Gobierno haya impulsado la aprobación sin un debate real.
La Corte Constitucional, clave en la decisión final
Ahora, la expectativa se centra en el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien tiene en su despacho la ponencia sobre la reforma. De su análisis dependerá si la Corte Constitucional tumba parcial o totalmente la Ley 2381 de 2024.
De ser declarada inexequible, la reforma pensional se caería antes de entrar en vigor en julio de 2025, lo que representaría un revés para el Gobierno Petro y abriría un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro del sistema de pensiones en Colombia.
Puede leer: Morales, Cauca: motocicleta cargada con explosivos detonó dejando varios heridos
