Una madre cabeza de hogar boyacense recuperó su libertad gracias a la sustitución de la pena por servicios de Utilidad Pública, que otorgó el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Rosa de Viterbo.
Con este beneficio podrá continuar cumpliendo su condena fuera de la cárcel, prestar un servicio a la comunidad y, sobre todo, volver a estar presente en la vida de sus hijos, quienes han sufrido las consecuencias de su ausencia. «Mis hijos se sienten tristes, muy solos. El pequeño, que tiene ocho años, bajó bastante su rendimiento académico y estuvo a punto de perder el año. Me necesitan», relata.
La Utilidad Pública representa más que una medida alternativa a la prisión; es una posibilidad de reparar el daño, tanto a la sociedad como a las propias familias de las personas condenadas. Para esta madre, la oportunidad no solo le permite recuperar su rol, sino que también ha inspirado a otras mujeres en su misma situación.
«Fue un proceso difícil, demasiado complicado, pero accesible para las madres cabeza de familia gracias al trabajo de los defensores. Al principio, mis compañeras no estaban muy animadas a aplicar al beneficio, pero ahora me preguntan por mi proceso y se van a postular», comenta.
Medidas como la sustitución de la pena por trabajo comunitario pueden marcar la diferencia en la vida de cientos de mujeres y sus familias, permitiendo la reintegración social sin desarraigar a los niños de sus madres.
«Este beneficio es una oportunidad para poder resarcir los errores que hemos cometido», concluye, con la esperanza de reconstruir su vida y la de sus hijos.
La Defensoría del Pueblo continuará trabajando para que más mujeres privadas de la libertad conozcan y accedan a este tipo de medidas, garantizando así no solo sus derechos, sino también los de sus hijos.
