Por: Adonis Tupac Ramírez
En Colombia, cada congresista cuenta con un equipo de trabajo conocido como Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), cuya función es asistirlo en la labor parlamentaria. Estas unidades han sido objeto de debate por su costo para el erario y, en algunos casos, por su uso indebido como cuotas burocráticas más que como verdaderos equipos técnicos.
Una UTL es un grupo de asesores contratados por cada congresista para apoyarlo en la redacción de proyectos de ley, análisis de políticas públicas, gestión de debates y estudios legislativos. Estos equipos están conformados por profesionales en distintas áreas del derecho, la economía, la comunicación y la ciencia política, quienes deben contribuir a mejorar la calidad del trabajo parlamentario.
Sin embargo, en la práctica, muchas UTLs han sido utilizadas como mecanismos de pago de favores políticos. No es raro encontrar casos en los que los asesores son familiares, amigos o financiadores de campaña sin mayores credenciales para desempeñar el cargo.
Cada congresista tiene derecho a contratar hasta 10 asesores en su UTL, con salarios que varían entre los $4 y $14 millones de pesos mensuales. Según cálculos recientes, el mantenimiento de todas las UTLs en el Congreso cuesta alrededor de $550.000 millones de pesos al año.
Este gasto genera controversia porque, mientras en otros países los legisladores tienen equipos más reducidos y altamente especializados, en Colombia se ha convertido en una nómina paralela donde prima el amiguismo sobre la idoneidad.
Muchos de los congresistas del departamento no tienen equipos especializados en temas como economía, medio ambiente, salud, educación, emprendimiento, tecnología o agricultura lo que se demuestra en las pocas propuestas en el congreso de los ilustres senadores y representantes del departamento.
En varias ocasiones se ha propuesto reformar el modelo de UTLs, bien sea reduciendo el número de asesores, estableciendo requisitos estrictos para su contratación o incluso eliminándolas y sustituyéndolas por un cuerpo técnico centralizado, pero obvio ha sido imposible porque están unidades se convierten en fortines para pagos de favores políticos y no en grupos de investigación y trabajo para presentación de proyectos.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue observando cómo se destinan recursos multimillonarios para un sistema que, en muchos casos, no cumple su propósito original. La discusión no es si los congresistas deben contar con apoyo técnico, sino cómo garantizar que ese apoyo sea eficiente, transparente y acorde con las necesidades del país.
