Por: Yamid Sanabria
Ver tres o cuatro ambulancias luchando por recoger un herido se convirtió en una carrera a muerte.
En el Huila las victimas de siniestros viales se han convertido en un apetecido producto para algunas empresas de ambulancias, un tema que se viene agudizando en el país y coloca en riesgo la vida de pacientes, transeúntes y personal médico.
En Colombia los vehículos de emergencia, deben cumplir con lo estipulado con la Ley 769 de 2002 de manera eficiente, idónea y oportuna en la atención inicial del paciente urgente; del paciente crítico y del paciente limitado. Cada vez que escuchamos la sirena optamos por dar paso para no interferir con la atención médica, pero para muchos es el sonido del negocio.
El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) ampara a las personas ante los daños corporales, es decir accidentes de tránsito en vías nacionales, su cobertura incluye gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, que pueden cubrir por gastos de transporte y movilización de los lesionados en 10 salarios mínimos diarios legales vigentes (S.M.D.L.V), es decir $ 541.160, eso equivale a que entre mayores siniestros viales, mayores ganancias.
En la práctica parece que el SOAT es un sistema eficiente; garantiza incapacidad permanente, hasta 180 S.M.D.L.V.; muerte y gastos funerarios, 750 S.M.D.L.V; entre otros. El problema es el mecanismo de regulación del sistema de transporte de emergencia que deriva en una competencia desenfrenada y en muchas ocasiones ilegal, que va desde utilizar redes de WhatsApp para dar comisiones a quienes reporten accidentes; ofrecer dinero a heridos por dejarse transportar; hasta incentivar sucesos viales premiditados para cobrar; entre otros métodos denigrantes por ganar dinero. Finalmente, es inminente la regulación de este sistema; una persona que resulta victima de un siniestro o sus familiares quieren es atención de calidad, independientemente de quien lo transporte; los conductores o peatones se ven expuestos a nuevos accidentes por el riesgo que generan las altas velocidades de las ambulancias; y el personal médico no debería ser utilizado en estas transacciones.
Es hora de cederle el paso al Congreso para que legisle sobre esta materia; acabar esta guerra económica también puede salvar vidas.
