Por: Carlos Tobar
La semana pasada empezaron a llegar los recibos del servicio de gas natural domiciliario. En mi caso el aumento entre la tarifa cobrada en diciembre y la de enero fue del 51%. Subió de $3.849,62 a $5.836,61 el metro cúbico. ¡Una barbaridad!
Aunque en las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación el gremio y las empresas habían anunciado un incremento del 36% (ya de por si alto), la realidad es la que estoy reseñando.
El golpe para el ingreso limitado de la mayor parte de los usuarios (residencial, comercial, industria pequeña, mediana y grande, vehicular) es significativo. El impacto sobre el costo de vida se sentirá de manera inmediata. Pronto lo veremos en la variación de la inflación en la economía.
En este fuerte aumento confluyen múltiples causas. Desde la política errónea del actual gobierno que desde el comienzo planteó su negativa a continuar con una política de exploración y explotación de hidrocarburos, entre ellos el gas, que nos ha dejado sin la posibilidad de abastecernos con producción nacional. Una equivocación garrafal que vamos a empezar a pagar los usuarios, porque efectivamente, una parte del consumo tendrá que ser abastecido con gas importado.
Aprovechándose de este “papayazo” del gobierno los gremios de la energía están “pescando en rio revuelto”. Lo digo porque, por ejemplo, el aumento generalizado de los precios es como si todo el consumo del país fuese con gas importado. Por las informaciones fragmentarias que conocemos, algunos voceros gremiales han afirmado que solamente el 4% del gas importado para el funcionamiento de las plantas termoeléctricas (su objetivo principal), estaría disponible para el abastecimiento interno de otros sectores.
¡Qué porcentaje real es? No lo podemos saber porque el acceso a la información es muy limitado. Pero, lo que si me atrevo a concluir es que esta situación se va a prestar para un negocio de ganancias pingües del sector empresarial.
El otro argumento, esgrimido por el sector gremial para el posible aumento de tarifas es que el gobierno tiene deudas pendientes por los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 y, con un saldo importante de la opción tarifaria de los mismos estratos, dejada de pagar durante la pandemia. Una situación que la hacen extensiva a las tarifas de energía eléctrica, por lo que están hablando de “un posible apagón financiero”.
Finalmente, a mi juicio, es que, por ausencia de una planificación seria del servicio de energía, tanto eléctrica como de gas, el país está abocado a una crisis de funcionamiento derivada de una regulación que asegura económica y financieramente a las empresas generadoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras, sin tener en cuenta la capacidad real de pago de los usuarios. Es tan brutal este desequilibrio que, en el caso del gas vamos a ver un movimiento involutivo de los usuarios hacia el uso nuevamente de la leña u otros combustibles altamente contaminantes, para el calentamiento del agua y la cocción de alimentos.
Por lo pronto, la pelea de los usuarios del servicio público domiciliario de energía por unas “tarifas pagables” se puso al orden del día.
Neiva, 17 de febrero de 2025
