Por: Juanita Tovar.
El fin de semana leí un expediente que me dejó perpleja por el modo como este presunto abusador, según sus víctimas, las manipuló, violentó y abusó sexualmente por años. Este hecho atroz tiene que ver con Jhon Harold Álvarez Pantoja, un hombre de 46 años, quien fue denunciado por su hija y su hermana.
La hermana del presunto agresor reveló a las autoridades que mientras vivió en la misma casa con este hombre, la abusó varias veces. Por otro lado, la hija de este hombre quien hoy en día tiene 19 años, denunció que su propio padre la abusaba desde que tenía 11, la maltrataba, celaba y tomaba represalias si él sospechaba que ella tenía novio. Luego de las denuncias, un juzgado de Baranoa, Atlántico, emitió una orden de captura el 28 enero de 2025, pero los días pasaron y este presunto abusador seguía libre. La justicia no actuó a tiempo, pero para fortuna de las víctimas y de la sociedad, Jhon Harold Álvarez Pantoja se entregó a las autoridades.
Inmediatamente se cursaron las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medias de aseguramiento y este hombre aceptó haber cometido los delitos que le imputó la fiscalía, Acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso carnal violento, y en este momento, ya está tras las rejas.
Durante las audiencias a las cuales tuve acceso, me impresionó ver con la frialdad que este señor admitió que abusó de su propia hermana y su hija, Las víctimas callaron por mucho tiempo por miles de razones, todas validas, que hacen que el abuso sea escalofriante y demoledor, que hace que prime el miedo, el agobio y sobre todo el silencio.
El panorama es muy complejo en nuestro país, según las cifras de Policía Nacional, en Colombia entre el 1º de enero y el 31 de octubre de 2024, se registraron un total de 28.692 denuncias por delitos sexuales en Colombia, de los cuales el 29 % fueron víctimas a menores de 12 años, y el 57 % fueron contra menores de edad. Un panorama alarmante, además por la cantidad de feminicidios y violencia intrafamiliar en contra de mujeres y niñas, cuyas estadísticas aumentaron frente a 2023.
Es importante destacar que estas cifras corresponden solo a los casos denunciados y registrados por las autoridades; sin embargo, se estima que existe un subregistro significativamente superior debido a que muchas víctimas no denuncian por miedo, pena, estigmatización o falta de acceso a canales de apoyo.
En Colombia, la impunidad sigue siendo el enemigo silencioso de quienes buscan justicia. El caso de Jhon Harold Álvarez Pantoja, quien aceptó haber abusado de su propia hija y su hermana, es un recordatorio escalofriante de cómo el sistema judicial ha fallado a las víctimas de violencia sexual. Aunque su captura fue ordenada el 28 de enero de 2025 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Baranoa, fue él mismo quien decidió entregarse. No fue el Estado quien lo detuvo, sino su propia voluntad de enfrentar las consecuencias de sus actos.
Pero, ¿qué habría pasado si este hombre no se entregaba y se hubiera escapado? ¿Cuántos casos similares quedan en el olvido porque los delincuentes no se presentan voluntariamente ante la justicia? La lentitud y la falta de contundencia en la aplicación de la ley han permitido que agresores sigan caminando libres, mientras las víctimas viven con miedo y reviven su trauma cada vez que el sistema no les da respuestas.
Colombia ha sido testigo de un aumento en los casos de abuso sexual y feminicidio en los que la justicia parece operar a medias. Se anuncian reformas, se prometen cambios, pero los hechos demuestran que el aparato judicial sigue sin estar a la altura de la gravedad de estos crímenes. No basta con endurecer penas si el problema de fondo es la impunidad y un aparato judicial congestionado y lento. De nada sirve que las condenas sean más largas si el proceso para alcanzarlas es un laberinto burocrático lleno de obstáculos que terminan beneficiando a los victimarios.
El Estado ha fallado en su deber más básico: proteger a sus ciudadanos. Y esta falla no es nueva. Es una historia que se repite con cada niño abusado, con cada mujer violentada y con cada familia que clama justicia sin ser escuchada. Las víctimas no pueden seguir dependiendo de su suerte o de la voluntad de sus agresores para ver justicia. Necesitamos un sistema que actúe con rapidez y contundencia, que priorice a quienes han sido dañados y que no permita que el silencio sea la única respuesta que reciben.
La justicia tardía, es injusticia, y en Colombia, la impunidad no puede seguir siendo la norma. La solución no es solo endurecer las penas, sino garantizar que los criminales sean procesados y condenados con la rapidez y contundencia que estos casos requieren. La justicia no puede seguir llegando tarde, y mucho menos nunca llegar.
