La preocupación de las principales EPS que tienen la responsabilidad de ejecutar la política de salud en el país, se encuentran en cuidados intensivos por la crítica situación financiera que están afrontando por el no pago oportuno de los recursos destinados para atender a más de 13 millones de afiliados, a partir del presente año, y que han acudido a la corte para que el gobierno nacional les gire todos los recursos que le adeudan desde que se posesionó el actual primer mandatario de los colombianos. Actualmente la población colombiana, se encuentran preocupados por la deficiente atención que están recibiendo cuando acuden a solicitar los servicios médicos.
Recordemos que a pocas horas de terminar el 2024, el Ministerio de Salud anunció de una decisión crucial para las finanzas del sistema de salud en Colombia. Se trató de la decisión gubernamental de aumentar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que las entidades promotoras de salud (EPS) reciben por cada afiliado al año para el cubrimiento de los costos de la prestación de estos servicios. La cartera sanitaria definió el alza para este 2025 en 5,36 por ciento, tomando en cuenta el índice de precios al consumidor (IPC), lo cual es inferior a los costos operativos reales de estas entidades.
De hecho, la desfinanciación a partir de la brecha entre la UPC decretada y la necesaria para solventar los costos de funcionamiento es uno de los aspectos principales de la crisis del sistema de salud. Una diversidad de factores, que incluye el crecimiento en la demanda de servicios médicos en la postpandemia y el envejecimiento de la población, ha empujado esos costos al alza mientras que, por varios años, la UPC establecida por el Gobierno no ha capturado fielmente esas tendencias.
A buena hora, la Corte Constitucional, ha dado respuesta a la solicitud del gobierno nacional sobre el ultimátum que impartió para dar solución a las 50 aclaraciones que había solicitado el ministro de Salud, pero que tomó la decisión de hacerle un llamado de atención muy férrea, sobre las decisiones tomadas por los togados. Las ordenes judiciales son para cumplirlas, no para interpretarlas. El ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo tendrá 48 horas, contabilizadas a partir del próximo lunes, para pagar los reajustes de los presupuestos máximos de 2022. En esos mismos dos días, que suponen una carrera contrarreloj, también deberá crear una metodología unificada de definición y reajuste de dichos presupuestos. Los medios de comunicación han difundido masivamente esta decisión, lo cual genera expectativas a todos pacientes de alto riesgo y a las personas que acuden a solicitar los servicios médicos. Este ultimátum al ministro relacionado con el incumplimiento de mandatos que afectan la sostenibilidad financiera del sistema de salud, lo reiteró el día anterior la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional a la sentencia.
