La inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones en Colombia. Un reciente informe del Consejo Gremial Nacional revela el alarmante crecimiento de la extorsión, un delito que afecta gravemente a ciudadanos, empresas y comerciantes. Mientras tanto, el panorama delictivo también evidencia un aumento en los delitos informáticos y la violencia intrafamiliar.
DIARIO DEL HUILA, ANALISIS
El Consejo Gremial Nacional ha publicado un informe que pone en alerta el crecimiento de la extorsión en el país, un delito que afecta gravemente la seguridad de los ciudadanos, las empresas y el comercio. Con un aumento del 11 % hasta los 12.334 casos, la extorsión es el crimen que más creció en Colombia durante 2024, según cifras del Ministerio de Defensa analizadas en el quinto informe del Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial Nacional.
“Vemos con gran preocupación su incremento. Al tratarse de un delito con bajo nivel de denuncia, su crecimiento podría ser más alto de lo reportado en las cifras oficiales”, señala el documento, que refleja el impacto de este fenómeno en la vida cotidiana de los colombianos.
Extorsión: una amenaza en ascenso
El informe advierte que Bogotá es la ciudad con mayor número de extorsiones en lo corrido de 2024, con 2.497 casos, lo que representa un incremento del 63 % en comparación con el año anterior. Le siguen Antioquia (1.828 casos), Atlántico (1.339) y Valle del Cauca (1.131). Además, ciudades como Barranquilla (883), Medellín (800), Cali (412) y Villavicencio (404) también registran cifras alarmantes.
Para Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), el Estado colombiano tiene la responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad para todos los ciudadanos. “Esta es una de las mayores preocupaciones entre la población. La búsqueda de la paz no puede conducir a situaciones como la actual, en la cual se ha disminuido significativamente el control territorial de las autoridades”, enfatizó.
Desde el sector agrícola, la situación no es menos grave. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), insiste en que el Gobierno debe fortalecer las Fuerzas Militares y estructurar una política de seguridad seria. “Este gobierno definitivamente perdió la guerra contra la extorsión. Es lamentable ver la situación de los caficultores en el Huila, los avicultores en el Valle y los cacaocultores en el Norte de Santander. En cualquier territorio agropecuario hay presencia de terroristas y bandas criminales que generan miedo, sobrecostos y, sobre todo, se pierde la tranquilidad para producir la comida de los colombianos”, denunció.
Otros delitos que preocupan a los colombianos
El informe del Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial también recoge cifras del Ministerio de Defensa sobre homicidios, secuestros y delitos informáticos. En 2024 se reportaron 13.357 homicidios, con una leve reducción del 1 % frente a 2023. Las regiones más afectadas fueron Valle del Cauca (2.271 casos), Antioquia (1.648) y Bogotá (1.204).
El secuestro, por su parte, tuvo 290 casos en 2024, lo que representa una disminución del 14 %. Sin embargo, preocupa el crecimiento del 33 % en Cauca, donde se registraron 36 casos. Norte de Santander sigue siendo el departamento con más secuestros (45), seguido de Antioquia (34).
Los delitos informáticos, en cambio, crecieron un 18 %, alcanzando los 74.690 casos, mientras que la violencia intrafamiliar aumentó un 13 % con 134.591 casos registrados. También se reportó un alza del 10 % en delitos sexuales, con 30.882 denuncias.
Una respuesta necesaria
Ante este panorama, el Consejo Gremial Nacional insiste en la urgencia de que el Gobierno adopte estrategias efectivas de seguridad e inteligencia, considerando las alertas tempranas de gobiernos territoriales, ONG y la Defensoría del Pueblo. En el caso del Catatumbo, por ejemplo, el Ejecutivo ha emitido 18 decretos bajo la declaratoria de conmoción interior y estudia la implementación de impuestos para financiar la seguridad en la región.
Asimismo, expertos en seguridad han resaltado la necesidad de fortalecer la cooperación entre el sector público y privado para frenar el auge de la criminalidad. La articulación entre las fuerzas del Estado, el empresariado y la ciudadanía podría ser clave para enfrentar de manera más efectiva el fenómeno de la extorsión y otros delitos que afectan el bienestar de los colombianos.
En este contexto, la presión de los gremios y la sociedad civil busca generar un llamado de atención al Gobierno para tomar medidas concretas que devuelvan la tranquilidad a la población y fortalezcan el control del territorio por parte del Estado.
