En Colombia emprender no es un privilegio sino un acto de locura y perseverancia en donde la resiliencia juega un papel fundamental para sobrellevar las dificultades que este desafío trae.
Para quienes emprendemos o estamos al frente de micro o pequeñas empresas, sostenernos en el mercado se ha convertido en un reto realmente complejo considerando las altas tasas de interés, la falta de liquidez, la inflación, una moneda volátil y la competencia comercial, adicionando a este batido el contexto post-pandemia. Sacar adelante un proyecto en nuestro país es una misión titánica y desgastante donde cada apoyo se vuelve indispensable para lograrlo.
Por más empuje que tenga un emprendedor, quienes cimentan las vías y establecen las reglas de juego son los gobiernos nacionales y regionales. Desde la campaña electoral el actual gobierno nacional se identificó como un gran opositor de los monopolios y grupos económicos que dominan las diferentes industrias nacionales. Se prometió impulsar los emprendimientos, aumentar el fomento de sectores como el agrícola y el textil y apoyar a las pequeñas empresas de las regiones. Pero en la práctica, su política económica y su baja capacidad técnica ha estado lejos de impulsar al sector privado más vulnerable, las MiPymes y los emprendimientos.
Tras las repercusiones que ha dejado la pandemia como el alza en los costos logísticos y de insumos, una verdad absoluta es que, mientras los grandes conglomerados empresariales tienen recursos y stock para enfrentar un mercado contraído y las altas cargas tributarias, las pequeñas empresas no contamos con ese colchón financiero. En estos contextos es cuando más apoyo necesitamos, y no requerimos subsidios, sino un equilibrio en las condiciones de juego. En el 2022, con el liderazgo de la congresista Jennifer Pedraza, el Congreso había aprobado una tarifa diferencial de renta para las MiPymes, una medida que más que aliviar, genera esperanza a quienes emprenden con las difíciles condiciones que el país tiene, pero de manera inexplicable el actual gobierno decidió echarla para atrás.
Hace poco le reclamaban en redes al presidente por esta incoherencia entre sus discursos y su accionar, pero el mandatario se escudó en el hundimiento de la reforma tributaria argumentando que esta buscaba reducir el impuesto de renta del 35% al 30% para todas las empresas. Si bien es cierto que esto puede representar dificultades en los planes de gobierno, esta no es una justificación válida para negarse a impulsar un régimen tributario más equitativo para el sector que representa el 96% del tejido empresarial colombiano, y que hoy de verdad sufre.
Sin embargo, las políticas públicas han seguido castigando a quienes nos levantamos todos los días para generar empleo y dinamizar la economía de las regiones y, como resultado, el país va mal en materia de nuevos emprendimientos y consolidación de MiPymes. Solo en 2023, cerca de 233.404 empresas cerraron en Colombia, un 20% más que en 2020, el año de la pandemia.
En 2024 la creación de nuevas empresas cayó un 72% en comparación con 2023, con una reducción alarmante en los registros de pequeñas y medianas empresas. Los números no mienten: el entorno económico es cada vez más hostil para emprender, y a este gobierno parece importarle muy poco tan alarmante realidad.
Hoy, muchas MiPymes operamos en condiciones de supervivencia, con márgenes cada vez más estrechos y sin acceso a créditos verdaderamente justos. Los bancos nos ofrecen tasas que solo los grandes jugadores pueden asumir sin tambalear. Las superficies requieren márgenes que sólo empresas con grandes operaciones y facilidades industriales pueden costear, e incluso se dan el lujo de comercializar a costo para mantener su posición y eliminar nuevos jugadores del mercado.
Las cadenas de abastecimiento nos imponen condiciones de pago que nos dejan sin flujo de caja, mientras que la regulación no nos da ni un solo alivio real. Y aunque nos sometemos a estas condiciones por voluntad propia, el gobierno nos mantiene las mismas condiciones tributarias que a las grandes empresas, volviéndose no solo muy difícil competir, sino también sobrevivir.
Ser empresario en Colombia debería ser una oportunidad de crecimiento, no un deporte de alto riesgo. La falta de incentivos tributarios y de financiamiento adecuado está matando la posibilidad de que surjan nuevos negocios y, aún más grave, de que los ya existentes se consoliden.
Si un gobierno realmente quiere demostrar que está del lado del pueblo, debe dejar de sofocar al sector que más empleo genera en el país y ofrecer condiciones fiscales justas para las MiPymes. Porque emprender en Colombia es un acto de resiliencia y terquedad en un país donde las oportunidades ya han sido repartidas décadas atrás. Pero aun así, seguimos de pie.
Con el aroma de un café Entorno, los saludo,
Santiago Ospina López.
