En un giro histórico para la industria de licores en Colombia, la Corte Constitucional ha tumbado el monopolio del aguardiente. A partir de ahora, los ciudadanos podrán elegir libremente qué marca consumir en cualquier parte del país, impulsando la libre competencia y acabando con las restricciones impuestas por las licoreras departamentales.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
En una decisión histórica, la Corte Constitucional de Colombia ha puesto fin al monopolio departamental en la comercialización del aguardiente, permitiendo así que los ciudadanos elijan libremente la marca de su preferencia en cualquier parte del país. La determinación del alto tribunal elimina las restricciones impuestas por la Ley 1816 de 2016, la cual otorgaba a las licoreras departamentales la potestad de bloquear la llegada de otras marcas a sus territorios.
Un fallo decisivo para la libre competencia
El caso, que llegó a su fin el martes en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se resolvió con la participación del conjuez Humberto Sierra Porto, tras un empate en la Sala Plena de la Corte. La decisión concluyó que la norma afectaba la libre competencia y la libertad de elección de los consumidores, al restringir completamente su capacidad de optar entre diferentes proveedores de aguardiente.
La Corte argumentó que dicha limitación excedía lo permitido por la Constitución en cuanto a los monopolios de arbitrio rentístico y representaba una restricción arbitraria a la libertad económica y de competencia. “Los consumidores de aguardiente se ven privados por completo de la libertad de elegir el proveedor del aguardiente que consumirán”, señaló el tribunal en su fallo.
Argumentos de los demandantes
Tres juristas con amplio conocimiento en derecho comercial y de consumo, Julio Andrés Ossa Santamaría, Pablo Felipe Robledo del Castillo y Jorge Enrique Sánchez Medina, respaldaron la demanda que buscaba declarar inexequible la normativa. Según su postura, la ley en cuestión vulneraba las libertades económicas y civiles, generando barreras innecesarias que fragmentaban el mercado nacional.
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Los abogados señalaron que el monopolio de licores distorsionaba el principio unitario del Estado colombiano y daba pie a regulaciones diferenciadas en cada departamento, lo que afectaba la libre circulación de productos. Ejemplificaron cómo, hasta antes del fallo, en Antioquia no podía comercializarse el Aguardiente Cristal ni el Amarillo de Manzanares, mientras que en Cundinamarca no se permitía la venta de Aguardiente Amarillo de Manzanares.
Posiciones enfrentadas y el impacto en los departamentos
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, defendió la continuidad del monopolio, argumentando que su eliminación afectaría negativamente los ingresos de los departamentos. Según cifras presentadas, las ventas de aguardiente pasaron de 4.3 millones de botellas en 2017 a 10.8 millones en 2023, lo que representó un aumento del 151 %.
Por otro lado, el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, celebró la apertura del mercado, afirmando que fortalecerá la competencia y reducirá el mercado ilegal, al tiempo que impulsará la calidad y variedad de los productos disponibles. En su perspectiva, la eliminación del monopolio no destruirá las industrias licoreras departamentales, sino que las obligará a ser más competitivas.
El rol del Gobierno Nacional
A pesar de la relevancia del tema, el Gobierno de Gustavo Petro no intervino de manera activa en la discusión. El entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dejó claro que la administración no tenía injerencia en el caso y que la discusión de fondo correspondía a cómo se financian los departamentos, dado que parte de sus ingresos provienen de los monopolios de licores.
Un nuevo panorama para el comercio de licores
Con esta decisión de la Corte Constitucional, Colombia entra en una nueva etapa en la comercialización del aguardiente, en la que la libre competencia será la norma y los ciudadanos podrán acceder a una mayor variedad de productos sin restricciones departamentales. Este fallo no solo fortalece el derecho de los consumidores, sino que también abre un debate sobre la financiación de los departamentos y la necesidad de modernizar la industria licorera nacional en un entorno más competitivo.
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