En una verdadera encrucijada se encuentra el gobierno nacional para garantizar la seguridad nacional, porque desde que se posesionó el primer mandatario de los colombianos ordenó la disminución del presupuesto para el funcionamiento de todo el aparato armado del Estado y con el mayor error histórico de empezarlas a debilitarlas con el despido de más de 640 integrantes de las Fuerzas Militares y de la Fuerza Pública, quienes tenían la preparación y la experticia para combatir todas las expresiones de violencia que se ha venido suscitando en los últimos dos años. Además, la decisión de dejar paralizados la flotilla de 18 helicópteros y con la nueva decisión del presidente Trump de suspender el funcionamiento de otros 20 por parte del gobierno estadounidense. Las organizaciones narcoterroristas se encuentran de plácemes por esta decisión equivocada, porque les ha permitido incrementar su accionar criminal sobre la población inerme en que se encuentra por la desprotección que presentan. Otro elemento que contribuye a esta desestabilización social y económica es el rompimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, quien era el que le suministraba la tecnología e inteligencia de toda la infraestructura de comunicaciones a los organismos de seguridad.
Por tal motivo, la sociedad colombiana ve con mucha preocupación el avance de la subversión, del desplazamiento forzado de las masacres que se han venido presentando en el Catatumbo, Cauca, Chocó y otras regiones del país, que tienen sumido al país en una completa indefensión ante el dominio territorial de estos criminales. El accionar de los organismos de seguridad, que se sienten desbordados por el avance de estas organizaciones, que cada vez están más modernizadas tecnológicamente, que las del mismo Estado. Lo anterior, se ha visto comprobado con la revisión de todos los Decretos del Estado de Conmoción Interior en las audiencias que se están realizando actualmente en la Corte Constitucional, donde los funcionarios del gobierno nacional están haciendo su defensa jurídica y pertinencia.
Aquí se ha desnudado la verdadera problemática que está presentando la defensa nacional, por la falta de recursos y de logística militar. Ésta es la mayor preocupación que se refleja en el informe del Gobierno nacional presentado ante la Corte Constitucional para justificar el estado de conmoción en el Catatumbo, en el que se revela una preocupante desfinanciación en los recursos asignados a las Fuerzas Armadas de Colombia. Y como si fuera poco, la disminución de los recaudos por parte de la Dian, el aumento exponencial de los gastos de funcionamiento del Estado, que han generado un abultado derroche burocrático, sin planeación alguna y que tienen en ascuas a la inversión social en las diferentes áreas que están condensadas en el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual refleja la profunda crisis financiera que amenaza seriamente la ejecución de los programas prometidos por el ejecutivo.
