La inminente instalación del peaje en el sector Laberintos, entre Hobo y Gigante, ha encendido las alarmas en el Huila. Autoridades y gremios advierten sobre graves impactos económicos y sociales y exigen una mesa técnica urgente con el Gobierno Nacional.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Un llamado urgente al Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) han hecho la Cámara de Comercio del Huila, la Gobernación del Huila, el Consejo Gremial del Huila, el alcalde de Neiva y 21 alcaldes más del departamento. La solicitud busca la instalación de una mesa técnica de trabajo que permita evaluar alternativas de mitigación y compensación frente a la inminente operación del peaje en el sector Laberintos, entre Hobo y Gigante.
A través de una comunicación formal dirigida a estos despachos, las autoridades y gremios huilenses manifestaron su preocupación por el impacto económico y social que la entrada en operación del peaje podría generar en la región. “Si bien entendemos que este peaje ha estado contemplado dentro del proyecto de la Ruta 45 como un mecanismo necesario para la recuperación de la inversión privada y la sostenibilidad del mantenimiento vial, es innegable que su entrada en operación en este momento supone un impacto significativo en la estructura de costos de sectores estratégicos para la economía regional», señala el documento.
Los gremios y mandatarios destacan que el encarecimiento del transporte de bienes y personas afectará directamente la competitividad de las empresas huilenses, que ya enfrentan dificultades para insertarse en mercados nacionales e internacionales. Además, sectores clave como la agroindustria, la logística de distribución y el turismo podrían verse gravemente afectados en sus cadenas productivas y viabilidad financiera con este nuevo costo operacional.

La preocupación también se centra en el creciente descontento ciudadano, el cual podría derivar en bloqueos viales, parálisis económica y riesgos de orden público. Por ello, la solicitud es concreta: instalar una mesa técnica lo más pronto posible para concertar soluciones que permitan garantizar la sostenibilidad del proyecto vial sin poner en riesgo el desarrollo económico del Huila.
Según lo manifestado por varios actores involucrados en la discusión, este peaje impactaría principalmente a transportadores de carga, pequeños y medianos productores agropecuarios, comerciantes y turistas que frecuentan la región. En palabras del presidente del Consejo Gremial del Huila, «no se trata de oponerse al desarrollo de la infraestructura vial, sino de hallar soluciones que permitan equilibrar los costos operacionales con las necesidades de movilidad y competitividad del departamento».
La instalación de una mesa técnica es vista como una alternativa viable para analizar opciones de compensación, entre las cuales se mencionan la posibilidad de tarifas diferenciadas para transportadores locales, subsidios para sectores productivos afectados, o incluso la reubicación del peaje en un punto que minimice el impacto en la economía huilense.
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En ese sentido, la Gobernación del Huila ha manifestado su compromiso de liderar la articulación entre los diferentes actores involucrados, garantizando que las decisiones tomadas consideren los intereses de todos los sectores afectados. «Nuestro interés es que este proyecto vial continúe, pero con las garantías necesarias para nuestra gente. Por ello, buscamos que el Gobierno Nacional escuche y trabaje de la mano con las autoridades locales», afirmó un vocero del gobierno departamental.
El malestar generado por este peaje no es un hecho aislado en la región. Históricamente, las comunidades han manifestado su inconformidad con la ubicación y costos de estos cobros en diferentes corredores viales. En el caso del Huila, la Ruta 45 es una vía de conexión fundamental con el interior del país y la región sur, por lo que cualquier cambio en la estructura de costos del transporte tiene repercusiones inmediatas en la economía local.
“Lo que queremos es garantizar que la implementación del peaje no se convierta en un obstáculo para el desarrollo regional. Por eso, el llamado urgente al Ministerio de Transporte y la ANI para instalar una mesa técnica que permita evaluar alternativas que mitiguen estos efectos. Necesitamos decisiones que equilibren la sostenibilidad del proyecto vial con la viabilidad económica de nuestras empresas y el bienestar de la región”, indicó Lina Marcela Carrera, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio del Huila.
Finalmente, las autoridades huilenses reiteraron su disposición de contribuir en la construcción de soluciones concertadas, que garanticen tanto la viabilidad financiera del proyecto vial como la sostenibilidad de las actividades productivas y la cohesión social del departamento. La solicitud de la mesa técnica representa una oportunidad para establecer un diálogo entre el Gobierno Nacional, el sector privado y las comunidades, con el objetivo de hallar una solución justa y equilibrada para todos.

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