La Procuraduría Regional ha puesto en jaque el contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE), tras descubrir posibles irregularidades que podrían estar favoreciendo a empresas vinculadas con el paramilitarismo. Con más de 18 mil millones en juego, la transparencia está en la mira.
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA
La Procuraduría Regional, liderada por Diego Alexis Tello, ha puesto en alerta el proceso de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Neiva, tras detectar presuntas irregularidades que podrían comprometer los principios fundamentales de la contratación estatal, como la pluralidad de oferentes.
Desde el 27 de enero, la Procuraduría abrió una acción preventiva después de recibir denuncias sobre posibles irregularidades en la licitación. En un ejercicio de control, se solicitó a la jefe de contratación del municipio, María Angélica Duarte, información detallada sobre el proceso, que incluía preguntas sobre la exigencia de capacidad de endeudamiento, permisos del Ministerio de Trabajo, y la justificación de ciertos códigos UNSPSC que no parecen tener relación con el objeto del contrato.
Este monitoreo busca asegurar la transparencia en la contratación y evitar que se repitan situaciones que puedan vulnerar la licitación. Se espera que las autoridades locales, como Duarte, la secretaria de Educación Natalia Rodríguez y el alcalde Germán Casagua, respondan a estas inquietudes y, si es necesario, suspendan el proceso hasta aclarar las dudas.
Denuncia de posible direccionamiento del contrato del PAE
El concejal Johan Steed Ortiz ha lanzado una denuncia sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato del PAE, que está valorado en $18.506 millones. Según Ortiz, este contrato podría estar direccionado a empresas vinculadas con Francisco Javier Sandoval, alias “Morrongo”, un empresario asesinado el año pasado con presuntos lazos con el paramilitarismo.
El concejal explicó que el proceso no fue realizado mediante una licitación pública, sino a través de la Bolsa Mercantil, lo que, según él, facilita un posible direccionamiento y favorecimiento de empresas vinculadas a intereses políticos y económicos. Además, destacó que los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, como la experiencia mínima en proyectos de PAE y la presentación de códigos UNSPSC sin relación con el servicio, parecen haber sido diseñados para beneficiar a ciertas empresas.
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Empresas involucradas con vínculos sospechosos
Ortiz también subrayó que las empresas ganadoras del contrato, Ardiko y Fundación Horus Vita, tienen relaciones con “Morrongo”, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso. La Fundación Horus Vita, que ya ha estado involucrada en procesos cuestionados en otras ciudades, es una de las entidades que podría resultar beneficiada con la adjudicación del contrato en Neiva.
Falta de planificación y riesgos para la calidad del servicio
El concejal también criticó la falta de planificación en la ejecución del PAE, ya que, a pesar de que el Concejo Municipal aprobó las vigencias futuras, los estudiantes siguen sin recibir el servicio prometido. Las demoras han generado incertidumbre entre los padres de familia y preocupación sobre el bienestar de los estudiantes.
Ortiz hizo un llamado urgente a los entes de control, como la Personería Municipal, la Procuraduría y la Contraloría General de la República, para que intervengan en este proceso y garanticen que el contrato se adjudique de manera transparente. También resaltó que los requisitos restrictivos en los pliegos limitan la competencia y favorecen a un pequeño grupo de empresas.
Un proceso que necesita claridad
El caso del PAE en Neiva pone de manifiesto cómo la falta de transparencia y la posible influencia de intereses externos pueden poner en riesgo tanto la calidad de los servicios prestados a los estudiantes como la correcta utilización de los recursos públicos. Ante las denuncias y las alertas, es fundamental que las autoridades correspondientes actúen con rapidez para esclarecer las irregularidades y asegurar que el proceso se realice bajo los principios de transparencia y equidad que exige la ley.
Mientras tanto, los estudiantes de Neiva continúan esperando la alimentación prometida, y el futuro de su nutrición escolar está en juego.
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