La Corte Constitucional declaró el incumplimiento del Gobierno frente a la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2024 y ordenó al Ministerio de Salud implementar un mecanismo de reajuste que garantice la financiación adecuada del sistema de salud.
DIARIO DEL HUILA, SALUD
La Corte Constitucional de Colombia declaró el pasado 28 de enero el incumplimiento general frente al componente de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la unidad establecida para el año 2024. En consecuencia, mediante un auto, ordenó al Ministerio de Salud, encabezado por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que implemente un mecanismo de reajuste para garantizar que los recursos destinados a la atención en salud sean suficientes.
La UPC es el valor que el Ministerio de Salud paga a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) por cada afiliado al sistema, con el fin de financiar la prestación de servicios y tecnologías en salud. Con esta decisión, la Corte ha dejado en evidencia que los recursos asignados para el año pasado no fueron suficientes, lo que podría haber afectado la cobertura y calidad de los servicios de salud en el país.
Fallas en el sistema de información
Esta decisión surge del seguimiento que la Sala Especial de Seguimiento de la Corte ha realizado sobre la suficiencia de la UPC en la financiación del Plan de Beneficios de Salud. En su análisis, el alto tribunal encontró fallas recurrentes en el modelo de financiamiento del sistema de salud, que han impedido el cálculo adecuado de una UPC suficiente.
Entre los hallazgos de la Corte, se destaca que el Ministerio de Salud no ha corregido deficiencias identificadas desde el Auto 411 de 2016, relacionadas con el sistema de información en salud. Según la Corte, estas fallas dificultan el cálculo preciso de la UPC, ya que no existe un mecanismo efectivo para contrastar los datos reportados por las EPS con los utilizados para fijar este indicador.
La Corte también identificó inconsistencias en los datos empleados para determinar la frecuencia de uso de los servicios de salud, así como información insuficiente y de baja calidad en ambos regímenes del sistema de salud. Estos factores afectan la correcta formulación de la UPC y, en consecuencia, la financiación de la atención en salud de los colombianos.
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Urgencia de una metodología actualizada
En su pronunciamiento, la Corte enfatizó que el Ministerio de Salud no ha demostrado la suficiencia de la UPC para 2024. Además, la Sala concluyó que el mecanismo de fijación de la UPC requiere una actualización que incluya nuevas variables y una reevaluación de los factores utilizados en su cálculo.
«Valoradas las pruebas recibidas y lo expuesto en la sesión técnica del 5 de abril de 2024, se concluyó que el Ministerio no ha demostrado la suficiencia de la UPC. La Sala encontró que el mecanismo para fijar la UPC requiere ser actualizado e incluir nuevas variables. Así mismo, es necesario revaluar la forma en que se incluyen algunos factores en el cálculo», indicó el alto tribunal en su comunicado oficial.
Ante esta situación, la Corte ordenó la creación de una mesa de trabajo que incluya la participación de todos los actores del sector salud. Esta instancia tendrá la tarea de recalcular la UPC correspondiente a 2024 y analizar el rezago que ha existido desde 2021 en su determinación. Además, se deberá revisar la metodología de cálculo de la UPC para las próximas vigencias, incluyendo la del año 2025.
Implicaciones para el sector salud
La decisión de la Corte tiene implicaciones significativas para el sistema de salud colombiano. En primer lugar, pone de manifiesto la necesidad de mejorar la calidad de la información utilizada en la determinación de la UPC, lo que podría derivar en ajustes en los montos que reciben las EPS para la prestación de servicios. Esto podría impactar la sostenibilidad del sistema y la calidad de la atención en salud.
En segundo lugar, el fallo también obliga al Gobierno Petro a tomar medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema de salud. La implementación de un mecanismo de reajuste podría implicar una mayor asignación de recursos al sector salud, lo que podría tener repercusiones en el presupuesto nacional.
Finalmente, la participación de todos los actores del sector en la mesa de trabajo podría contribuir a la formulación de una metodología más transparente y equitativa para la determinación de la UPC en el futuro.
La declaración de incumplimiento por parte de la Corte Constitucional frente a la suficiencia de la UPC en 2024 evidencia problemas estructurales en la financiación del sistema de salud en Colombia. El llamado a reajustar la metodología y los valores asignados desde 2021 es una medida que podría impactar significativamente la cobertura y calidad de los servicios de salud. Ahora, la responsabilidad recae en el Ministerio de Salud, que deberá diseñar e implementar un mecanismo de reajuste que garantice la suficiencia de los recursos destinados a la atención de los colombianos.
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