El departamento está dentro del listado que emitió la Defensoría del Pueblo donde anuncia la alerta temprana en algunos municipios del país por enfrentamientos entre disidencias de “Iván Mordisco” y alias “Calarcá”. La entidad emite recomendaciones.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 001-25, con el fin de advertir los graves riesgos que enfrenta la población civil en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca, luego de la fragmentación del anteriormente conocido Estado Mayor Central.
Según el documento, la reconfiguración de estructuras, tensiones y confrontaciones armadas entre grupos disidentes liderados por alias ‘Calarcá Córdoba’ e ‘Iván Mordisco’ han supuesto, en algunos casos, riesgos extremos, particularmente en medio de confrontaciones bélicas entre las partes y sus efectos humanitarios.
En otros casos, el riesgo alto se determina por las tensiones entre los grupos disidentes, que se han expresado en violencias directas sobre poblaciones acusadas de apoyar a uno u otro bando, un reforzamiento de las gobernanzas armadas ilegales, estigmatización de la población, entre otros hechos, que podrían conducir eventualmente a confrontaciones o un recrudecimiento de la violencia directa sobre la población. Esta situación se observa en Huila, Guaviare (San José y El Retorno), varios municipios de Caquetá, sectores del Meta, el Bajo Putumayo y Mirití Paraná y Puerto Alegría (Amazonas).
“A esta fecha se continúa con el accionar violento, el control territorial de los grupos armados y que el territorio de Huila ha sido ampliamente permeado por estas conductas que desde la Defensoría del Pueblo realizamos campañas de prevención y acompañamiento a los planes de acción de los entes territoriales de las oficinas de paz y víctimas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras entidades que son las que tienen la competencia directa para la atención de la ruta de restablecimiento de derechos de los menores recuperados por operativos militares policiales, recuperación en vías o por deserción de los menores que logran huir de la opresión de los grupos que en algún momento los tomaron por la fuerza”, sostuvo Johana Elena Rojas Herrera, defensora regional Huila.
Principales afectaciones
- Reclutamiento y uso forzado de niños, niñas y adolescentes, particularmente indígenas provenientes del suroccidente del país.
- Confinamiento y restricciones al acceso a bienes esenciales. • Desplazamiento forzado.
- Amenazas y homicidios contra liderazgos sociales y comunitarios. • Contaminación del territorio por minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI).
- Afectaciones al acceso humanitario. Riesgos para quienes han desertado de las filas de las disidencias y/o participan del sometimiento a la justicia.
- La no gestión digna de cadáveres.
Esta situación afecta de manera particular a comunidades indígenas y campesinas, muchas de las cuales ya enfrentaban históricas vulneraciones de derechos.
La alerta detalla una serie de afectaciones graves que ya están ocurriendo en las regiones afectadas. Entre ellas, se destacan el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente de comunidades indígenas; el desplazamiento forzado de familias enteras; el confinamiento que limita el acceso a bienes esenciales; y las amenazas y homicidios dirigidos contra líderes sociales y comunitarios.
“Las principales afectaciones que hemos identificado en la alerta temprana están: en primer lugar el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes particularmente indígenas provenientes del suroccidente del país, confinamiento y restricciones al acceso a bienes esenciales, desplazamiento forzado, amenazas y homicidios contra liderazgos sociales y comunitarios, contaminación de territorio por minas antipersonal, también afectación al acceso humanitario, riesgos para quienes han desertado de las filas de las disidencias”, explicó la defensora del Pueblo.
Contexto
La Alerta Temprana se emite con ocasión de los graves riesgos para la población civil derivados de la expansión y/o posible confrontación armada entre grupos disidentes de las extintas FARC-EP bajo el mando de alias ‘Calarcá Córdoba’ y los que se encuentran bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, producto de la fragmentación del denominado “Estado Mayor Central”.
Lo anterior en el contexto territorial de 7 departamentos; Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca, 45 municipios y 3 áreas no municipalizadas, donde en el departamento del Huila de los 37 municipios, 20 están dentro del listado.
- Cartagena del Chairá, Solano, San Vicente del Caguán, San José del Fragua, y Curillo, en el departamento de Caquetá.
- Puerto Leguízamo, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, San Miguel y Valle del Guamuez, en el Putumayo.
- Aipe, Neiva, Villavieja, Algeciras, Gigante, Garzón, El Agrado, El Pital, Guadalupe, Saladoblanco, Suaza, Acevedo, Pitalito, Palestina, Oporapa, La Argentina, La Plata, Paicol, San Agustín e Isnos, en Huila.
- San José del Guaviare, El Retorno y Calamar, en el departamento de Guaviare.
- La Macarena, Uribe, Mesetas, Vistahermosa, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, Mapiripán, Lejanías y Puerto Gaitán, en el departamento del Meta.
- Piamonte, en el departamento del Cauca
- Y las áreas no municipalizadas de Puerto Santander, Puerto Alegría y Mirití Paraná, en el departamento de Amazonas
Esta Alerta destaca cómo el fraccionamiento y la disputa armada entre los grupos disidentes al mando de ‘Calarcá Córdoba’ e ‘Iván Mordisco’, al tener un alcance regional demandan de una gestión oportuna e integral, que motive la coordinación horizontal entre los varios departamentos que encaran este escenario de violencia.
La situación también afecta a quienes desertaron de las filas de las disidencias o participan en procesos de sometimiento a la justicia, que enfrentan represalias y carecen de rutas de protección adecuadas. Otro problema señalado es la falta de gestión digna de cadáveres, lo que agrava el impacto humanitario en las comunidades.
La Defensoría identificó a varios grupos poblacionales que enfrentan riesgos específicos debido a las dinámicas del conflicto. Entre ellos se encuentran los líderes sociales y defensores de derechos humanos, que son objeto de amenazas, desplazamientos y estigmatización por parte de ambos bandos.
Los niños, niñas y adolescentes son particularmente vulnerables al reclutamiento forzado, mientras que las mujeres enfrentan riesgos de violencia de género asociados a la estigmatización y los vínculos familiares con miembros de los grupos armados.
Las comunidades indígenas y campesinas también están en el centro de la crisis. Los pueblos indígenas, en particular, enfrentan amenazas a su supervivencia física y cultural debido a la invasión de sus territorios por actores armados y economías ilícitas.
Por su parte, los campesinos sufren desplazamientos, confinamientos y pérdidas económicas derivadas de las restricciones impuestas por los grupos armados. Además, los firmantes del Acuerdo de Paz y las personas que desertaron de las disidencias son blanco de ataques y estigmatización, lo que pone en peligro sus vidas y proyectos de reintegración.
Recomendaciones
Ante esta compleja situación, la Defensoría del Pueblo emitió 27 recomendaciones dirigidas a diversas entidades del Estado. El objetivo de estas medidas es buscar garantizar una acción coordinada e inmediata para proteger a las comunidades afectadas. Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Presidencia de la República y Oficina del Alto Comisionado para la Paz: Incorporar un enfoque integral en la Mesa de Diálogos de Paz, priorizando el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las garantías de no repetición.
- Ministerio del Interior: Fortalecer las capacidades locales de prevención y protección colectiva, implementando medidas inmediatas en las comunidades en riesgo.
- Fuerza Pública: Diseñar estrategias de seguridad con enfoque en derechos humanos, evitando la estigmatización de las comunidades y respetando el DIH.
- Unidad para las Víctimas: Brindar atención urgente y diferenciada a las personas desplazadas y confinadas.
- ICBF: Implementar medidas para prevenir el reclutamiento de menores en las zonas afectadas.
- Procuraduría General de la Nación: Supervisar activamente los territorios en riesgo y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Por otro lado, se hizo un llamado a los actores armados ilegales para que cesen las hostilidades y respeten a la población civil, en línea con los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH). También se exhortó a la comunidad internacional a fortalecer su acompañamiento en los procesos de paz y en la protección de los derechos humanos en estas regiones.
La entidad advirtió que la confrontación entre las disidencias podría intensificarse en los próximos meses, especialmente en corredores estratégicos que conectan regiones selváticas y fronterizas con países como Ecuador, Brasil y Perú, utilizados para actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
Por lo tanto, este panorama no solo incrementará el desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades, sino que también profundizará las vulnerabilidades de los grupos étnicos, campesinos y firmantes del Acuerdo de Paz.
En términos territoriales, se prevé una expansión del conflicto hacia nuevos municipios y áreas no municipalizadas, exacerbando las tensiones en regiones donde los grupos armados buscan consolidar su control. La ausencia de una presencia estatal efectiva en muchas de estas zonas agrava la situación, limitando el acceso a servicios básicos y la protección de los derechos fundamentales.
