Ante la crisis humanitaria en el Catatumbo, provocada por el accionar del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió órdenes urgentes dirigidas a diversas entidades del Estado para garantizar la protección de los excombatientes de las extintas Farc-EP, quienes están en proceso de reincorporación y cuya vida e integridad están en riesgo.
Las cifras presentadas por la Defensoría del Pueblo ante la JEP son alarmantes: 80 personas asesinadas y al menos 11.000 desplazadas. En paralelo, abogados de los firmantes del Acuerdo de Paz denunciaron que, entre el 15 y el 22 de enero, fueron asesinados seis excombatientes: Pedro Rodríguez Mejía, Johan Carlos Carvajal Quintero, Albeiro Díaz Freno, Jon Freddy Carrascal García, Sergio Vivas y Pedro Nel Angarita. También reportaron desplazamientos forzados y la retención ilegal de al menos 30 civiles, entre ellos firmantes del Acuerdo.
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Órdenes de la JEP para garantizar la seguridad de los excombatientes
En este contexto, la JEP ordenó al Ministerio de Defensa que extraiga de inmediato a 124 firmantes del Acuerdo que se encuentran en la zona del Catatumbo. Asimismo, debe mantener los anillos de seguridad en el AETCR de Caño Indio y en el NAR de Tibú, y presentar en 10 días un informe detallado sobre las medidas implementadas para proteger a los excombatientes.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, deberá diseñar y ejecutar un plan para localizar a 12 firmantes del Acuerdo desaparecidos en medio de la crisis en el Catatumbo. Además, se le ordena presentar un informe detallado sobre las investigaciones en la región, acelerar los procesos judiciales sobre homicidios y desapariciones, y recoger las declaraciones de los excombatientes y sus familias afectadas.
El Ministerio del Interior, en articulación con la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, deberá implementar un plan de atención humanitaria para las personas en proceso de reincorporación y una estrategia de prevención de violencias basadas en género en los refugios.
Medidas económicas y sociales para apoyar a los firmantes del Acuerdo
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) deberá entregar un informe detallado sobre el estado de sus gestiones e implementar medidas para garantizar:
El desembolso efectivo del seguro funerario a las familias de los firmantes víctimas de homicidio.
El pago prioritario de la renta básica para los firmantes del Acuerdo en el Catatumbo.
El desarrollo de un plan de acción para la continuidad de los proyectos productivos, afectados por la crisis de seguridad.
Además, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las Personerías deberán establecer una estrategia territorial de atención urgente, tomando declaraciones de los excombatientes y activando las rutas de protección correspondientes.
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