La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, anunció la reactivación de las órdenes de captura contra 31 integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes habían sido acreditados por el Gobierno Nacional como voceros para participar en la mesa de diálogos de paz.
La medida, establecida a través de la Resolución No. 00015 de 2025, surge como respuesta a los actos de violencia recientes en la región del Catatumbo, atribuidos al ELN. Según el comunicado de la Fiscalía, estos hechos, que comenzaron el 16 de enero, han generado una crisis humanitaria y múltiples delitos que ponen en riesgo la vida e integridad de civiles, líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y sus familias.
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Incumplimientos evidenciados
El incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y la comisión de nuevos delitos fueron determinantes para esta decisión. Los hechos fueron confirmados a través de mensajes en la red social X por parte de Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias «Antonio García», uno de los máximos líderes del ELN, y por Gregorio Manuel Pérez Martínez, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental, mediante varias comunicaciones entre el 17 y el 19 de enero.
La fiscal general destacó que la violencia perpetrada contradice cualquier participación genuina del ELN en el proceso de paz, por lo que los beneficios otorgados previamente quedaron anulados. Esta decisión también se enmarca en los lineamientos de la Corte Constitucional establecidos en la sentencia C-525 de noviembre de 2023.
Lista de implicados y nuevas medidas
Entre los miembros del ELN con órdenes de captura reactivadas figuran líderes de alto perfil como Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, alias «Antonio García», y Aureliano Carbonell, entre otros. La decisión fue comunicada a la Presidencia de la República, al comisionado para la Paz y a las autoridades de policía judicial para que procedan en el marco de sus competencias.
Además, la Resolución No. 00015 de 2025 revoca las resoluciones expedidas en 2022 y 2023 que habían suspendido las órdenes de captura de los mencionados integrantes, poniendo fin a los beneficios previamente otorgados.
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