La Corte Constitucional, declaró el incumplimiento general en el componente de suficiencia de los presupuestos máximos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y decidió abrir un incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social.
La decisión, tomada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, evidencia graves fallas en el cumplimiento de las órdenes judiciales destinadas a corregir deficiencias estructurales del sistema.
Incumplimientos reiterados
La Sala Especial evaluó el cumplimiento del Auto 2881 de 2023 y analizó la suficiencia de los presupuestos máximos durante la vigencia 2024. Entre las principales conclusiones se destacan:
Falta de transferencia de recursos: Los $819 mil millones reconocidos como reajuste de los presupuestos máximos de 2022 no han sido girados. Aunque el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) autorizó el uso de estos recursos en diciembre de 2023, el Ministerio de Hacienda no ha realizado las transferencias necesarias, incumpliendo el ordinal tercero del Auto 2881 de 2023.
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Ausencia de metodología unificada: A pesar de que han transcurrido más de seis meses desde la notificación del Auto 2881 de 2023, no se ha creado una metodología unificada para definir y reajustar los presupuestos máximos, incumpliendo el ordinal sexto de dicho auto.
Desfinanciación de 2024: La Corte advirtió que los recursos asignados para 2024 fueron insuficientes para cubrir los presupuestos máximos del segundo semestre, lo que representa un incumplimiento de lo ordenado en los autos 411 de 2016 y 2881 de 2023.
Medidas ordenadas por la Corte
Ante estos incumplimientos, la Corte dispuso:
Pago inmediato de obligaciones: El Ministerio de Salud deberá pagar los presupuestos máximos de los meses de julio a octubre de 2024, y reconocer los correspondientes a noviembre y diciembre antes del 30 de enero de 2025. Asimismo, deberá garantizar el pago de los meses de 2025 en los primeros 15 días de cada mes, con un plazo específico para enero y febrero.
Transferencia de recursos: Se ordenó al Ministerio de Hacienda realizar las transferencias necesarias para cubrir estas obligaciones.
Garantía de sostenibilidad: Se exigió implementar medidas para evitar que los retrasos en los pagos afecten la sostenibilidad financiera de las EPS y el acceso efectivo al derecho a la salud de los ciudadanos.
La Corte destacó que la demora en los pagos y la falta de una estrategia eficaz para garantizar la suficiencia presupuestal no solo afectan a las EPS, sino que también comprometen gravemente el derecho a la salud de los usuarios. Estas falencias representan un retroceso en los avances alcanzados y ponen en peligro la estabilidad del sistema.
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