La sana intencionalidad que ha tenido el gobierno nacional para buscar el sendero de la paz total con todos los actores generadores de violencia en el país empieza a provocar dentro del gobierno la más grande desilusión, porque el fracaso que ha tenido, ad-portas de cumplir los 30 meses de la posesión del primer mandatario de los colombianos. Desde esta tribuna de opinión hemos sido reiterativos. No se están negociando con los angelitos de la guarda. Por el contrario, las mesas de diálogo que se han implementado con estas organizaciones narcoterroristas, lo que han buscado es que el Estado suspenda todo el accionar ofensivo de las Fuerzas militares y de la Fuerza Pública. Por eso el debilitamiento progresivo que ha presentado, se reflejan en la deficiente capacidad de respuesta a los hechos reiterativos de violencia que están ocurriendo en algunas regiones del país. Resultado de lo anterior, es el avance de la presencia territorial de estos grupos criminales en la mayoría de los territorios de Colombia.

La sangrienta arremetida del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo ha provocado más de 30 muertes, entre ellas, las de siete firmantes del Acuerdo de Paz, según informó Camilo González Posso, jefe de la delegación de paz del gobierno con las disidencias de las Farc agrupadas en el Estado Mayor de los Bloques. Desde hace dos años, se había logrado una relativa tranquilidad para los habitantes de esta zona de la frontera con Venezuela. Pero estas organizaciones narcoterroristas, han lanzado una ofensiva de grandes proporciones para controlar esta zona limítrofe con el vecino país. Se ha venido presentando un desplazamiento forzado de las familias hacia Cúcuta y otros municipios de la región, buscando protección en medio del fuego cruzado.

Lo anterior, ha obligado al gobierno nacional a suspender los diálogos de paz que se habían vuelto a iniciar con los delegados en la Habana Cuba. Es reprobable la actitud que han tomado el ELN para adoptar esta política criminal. Es algo que no tiene precedentes en ninguna región del país, ni en toda la historia de los 450 asesinatos de firmantes de paz, pero en ninguna de las circunstancias se presentó algo tan macabro, tan absolutamente trágico como lo que se está dando en Catatumbo. Es inaudito que estos desadaptados estén registrando todas las residencias de estas localidades, para buscar a los firmantes de paz para asesinarlos. Absurdo que ésto ocurra en una democracia. Es un atentado contra la población civil que se encuentra inerme y sin la protección de los organismos de seguridad del Estado. En esta región, el Estado se encuentra ausente. A pesar de lo ocurrido, consideramos que el presidente Gustavo Petro Urrego, no debe levantar la mesa de diálogos con estas organizaciones criminales. Debe seguir persistiendo.