La Procuraduría General de la Nación, a través de sus facultades preventivas y de seguimiento, emitió una directiva dirigida a los ministerios del Interior, Justicia y Defensa Nacional, además del Departamento Nacional de Planeación, gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales, consejos municipales, con los lineamientos en materia de seguridad y convivencia ciudadana para la gobernanza territorial.
En el documento, exhortó a las autoridades del nivel nacional, departamental, distrital y municipal, a aplicar en la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), enfoques correspondientes a sus niveles de gobierno, en seguridad, derechos humanos, territorial, diferencial e intersectorial.
Como parte de las peticiones del organismo de control, está incluir el enfoque diferencial de género en los PISCC, con lineamientos como el análisis normativo, el diagnóstico de la situación actual, la identificación de actores clave, la evaluación de recursos disponibles, entre otros aspectos fundamentales para avanzar en la superación de fenómenos de violencia y criminalidad para lo cual los exhorta a seguir los lineamientos del Anexo Técnico.
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El Ministerio Público recordó que los PISCC deben ser implementados de manera conjunta con las autoridades administrativas, la Policía Nacional, los entes de justicia que tienen jurisdicción en el territorio, actores públicos y privados, organizaciones de sociedad civil, así como diferentes sectores de las administraciones territoriales, de manera que se garantice aproximaciones multisectoriales, integrales, sostenibles y con enfoque de derechos humanos frente a las problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana, y que en estos, deben estar contempladas las Alertas Tempranas emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Dentro de los lineamientos, también se hace un llamado al Gobierno nacional a diseñar estrategias interinstitucionales de articulación y coordinación que “impacten los fenómenos de criminalidad y permitan fortalecer las capacidades de las entidades territoriales para enfrentar situaciones críticas asociadas a dinámicas de violencia y escalamiento de factores adversos a la seguridad y convivencia ciudadana”.
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