Dentro de los múltiples delitos abominables que se han venido cometiendo desde hace más de seis décadas por parte de los grupos narcoterroristas en el país, es el reclutamiento forzado de menores de edad, que han afectado a miles de familias colombianas porque han perdido a sus hijos que han sido raptados por estos desadaptados sociales. Los han convertido en instrumentos de guerra y están siendo utilizados para fortalecer sus estructuras criminales. Desde que se empezó la implementación del Acuerdo Renegociado de Paz nos permitió conocer el fondo verdadero de esta cruda realidad que ha venido soportando la sociedad colombiana. Y ahora, desde que asumió la presidencia de Gustavo Petro Urrego, nuevamente se han intensificado en algunas regiones del país, esta detestable práctica inhumana, que ha obligado a las familias a salir de los territorios donde operan estas organizaciones.
Hay que reconocerle a las Fuerzas Militares y a la Fuerza Pública, la intensificación de los operativos para contrarrestar este flagelo criminal, que atentan contra los jóvenes que son engañados por estas organizaciones delincuenciales para que entren a sus filas. A lo largo de 2024, se realizaron operativos en diez departamentos de Colombia. El departamento del Cauca lideró la cifra con 72 menores rescatados, seguido por Antioquia con 68 casos, Valle del Cauca con 39, y Chocó y Meta con 29 casos cada uno. Además, otros 210 menores fueron recuperados en Huila, Nariño, Tolima, Santander y Norte de Santander, como parte del Plan de Campaña Operacional Ayacucho 2023-2026 Plus. Este plan estratégico busca proteger a la población civil, debilitar las capacidades de los actores armados y fortalecer la gobernabilidad en las regiones más afectadas por el conflicto. Las operaciones militares también permitieron el rescate de 54 personas y la liberación de 86 víctimas de secuestro extorsivo, demostrando así el compromiso de las Fuerzas Militares con la protección de los derechos humanos y la seguridad ciudadana.
Recientemente algunos gobernadores de los cabildos indígenas han denunciado ante las autoridades, que se siguen reclutando a sus menores de edad para ser vinculados a las organizaciones narcoterroristas, que inclusive se encuentran dialogando en las mesas de diálogos propiciadas por el gobierno nacional. Todos sabemos que este sistema, ha sido aprovechado por estas organizaciones criminales para seguir fortaleciéndose militarmente. Diariamente se están generando hechos de violencia, como el secuestro, extorsión, vacunas, hurtos, narcotráfico, asesinatos y masacres, entre otros, que tienen desesperados no solamente a las comunidades indígenas, sino a todas las familias colombianas, así el alto gobierno, diga lo contrario. La realidad es otra en los territorios. Es evidente que, en este frente, todos los esfuerzos deben dirigirse a la prevención. Y estos solo podrían ser efectivos si se apalancan en una presencia integral del Estado en los territorios donde existe riesgo de estos abominables actos delincuenciales.
