ERNESTO CARDOSO CAMACHO
Confirmada la posesión del dictador Maduro para un nuevo período de cinco años, es inevitable concluir que el proceso político en el hermano país tiende a que se consolide la tiranía y que Maduro se mantenga en el poder por término indefinido.
Con ello se comprueba, una vez más, que las dictaduras llegan para quedarse dado que absorben y controlan todos los escenarios institucionales que soportan la democracia. Las fuerzas militares que sostienen el sistema democrático en un Estado de Derecho, son la carne de cañón que inspira a los tiranos para atornillarse en el poder. Los conocidos comportamientos denunciados por organismos internacionales acerca de la corrupción imperante en la cúpula del organismo castrense venezolano, estimulada por el narcotráfico, la minería ilegal y los turbios negocios del petróleo; le han valido el ser denominado como “ el cartel de los soles”; el cual, además, maneja las estrechas relaciones con las disidencias de las Farc conducidas por Márquez y con el Estado Mayor del ELN, relaciones que amenazan la estabilidad institucional y democrática de Colombia especialmente ahora que el gobierno Petro sigue empecinado en su propuesta de paz total.
Desde luego no es posible predecir a esta hora que se escribe el presente comentario, 11 am del viernes 10, qué ocurrirá con la decisión de la oposición venezolana en el sentido de que Edmundo Gonzáles se juramente también como Presidente por haber presuntamente obtenido el triunfo en las elecciones, con el respaldo de gran parte de la diplomacia y de los gobiernos democráticos del mundo, pero sobre todo por el evidente masivo respaldo del pueblo venezolano y de las otras naciones que rechazan la dictadura de Maduro.
Al respecto creo que ya posesionado Maduro, así sea políticamente ilegítima su posesión, es inevitable aceptar que ésta se presume legalmente válida dentro de la constitución y el sistema normativo institucional venezolano, argumento que en el marco del Derecho Internacional protege al régimen chavista para apelar al principio de la soberanía nacional y a condenar la eventual intervención extranjera en sus asuntos internos. Lo que si es indiscutible es que aumentará el rechazo y la indignación del “bravo pueblo”, así como de los gobiernos democráticos y de la diplomacia internacional. A propósito, para organismos como la OEA y la ONU, será una prueba de fuego acerca de su credibilidad y confianza, de por sí ya muy deterioradas en cuanto que sus decisiones internas obedecen más a razones de geopolítica económica que al cumplimiento estricto del Derecho Internacional Público y a los tan nombrados como abusados Derechos Humanos.
Un escenario probable aunque inocuo, sería el que se realice una posesión simbólica del señor Gonzales, hecho que acentuaría la confrontación interna y desde luego colocaría en grave riesgo la vida y/o libertad de éste y de la gran heroína Maria Corina Machado, desafiando así la brutal reacción del tirano y sumiendo a Venezuela en una eventual guerra civil con consecuencias impredecibles para Colombia. Otro posible aunque hipotético escenario sería que la presión de la comunidad internacional lograra forzar la pronta intervención de la Corte Penal Internacional para que hiciera efectiva la orden de detención de Maduro justificada en los probados hechos de delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen chavista.
En estas claras circunstancias de los sucesos en el vecino país es necesario entender la posición del presidente Petro. Aparentemente ambigua cuando no asiste personalmente a la posesión como Jefe de Estado pero envía a su embajador en Venezuela y cuando a través de su canciller Murillo “condena” los excesos del régimen.
Digo aparente y ambigua, porque si asistía a la posesión era un indudable apoyo político a la dictadura y por ello optó por esperar los acontecimientos que bien sabía que irían a ocurrir, es decir, tenía pleno conocimiento, quizás inspirado por él mismo, de la estrategia adoptada en el sentido de materializar el hecho político e institucional de la posesión, claramente ilegítima pero legalmente indiscutible dentro del régimen constitucional y legal venezolano. Los hechos son tozudos y a ellos es que hay que atenerse. Poco importa la legitimidad cuando de lo que se trata es de lograr los objetivos estratégicos de una dictadura. Ojalá los colombianos entendamos que para Petro era indispensable la consolidación de la dictadura chavista porque con ella tiene un aliado y vecino muy importante para sus propósitos, especialmente en relación con su apuesta de la paz total con el ELN y la disidencia de Márquez, pues al continuar protegidos por el dictador en el territorio venezolano seguirán siendo una clara amenaza a la estabilidad democrática e institucional de Colombia.
Con estos acontecimientos trascendentes esperamos que los líderes políticos de los partidos democráticos, así estén tan desgastados, tengan la sensatez de entender que nuestra democracia sigue amenazada y que, en consecuencia, dejen tanta demagogia y mezquindad para actuar en consonancia con los deseos de las grandes mayorías nacionales.
