La creciente ola de criminalidad en el país le está generando una competencia al gobierno para el recaudo de los impuestos tributarios en el país. La extorsión se ha venido incrementando en los dos últimos años, obligando a los agentes económicos a contribuir bajos presiones y amenazas terroristas. En algunas ocasiones les toca cerrar sus negocios o en muchas ocasiones a migrar a otras regiones y huir al exterior, mientras termina el periodo constitucional de este nefasto gobierno, que ha sido laxo con el comportamiento de estas actividades delincuenciales. Hemos sido críticos desde su inicio, que el debilitamiento progresivo que han tenido los organismos de seguridad en el país les ha permitido su actuar a estas organizaciones narcoterroristas. Tales decisiones, han generado una ampliación de su accionar extorsivo, que tiene en jaque a la dinámica productiva del país y, por ende, los resultados en materia fiscal han sido adversos para los recaudos de la Dian. Esta tribuna de opinión tuvo la oportunidad de dialogar con empresarios, comerciantes, propietarios de fincas, de algunos municipios del surcolombiano y del Caquetá. De acuerdo con diálogos que se sostuvieron con algunos actores de la dinámica económica, se encuentran desprotegidos del accionar gubernamental, a pesar de los esfuerzos que realizan las autoridades departamentales y municipales, para contrarrestar estas acciones de estos terroristas. Es preocupante que hasta los pequeños vendedores son objetos de la extorsión. Circular por las vías que integran al Huila y al Cauca, los propietarios de vehículos que transportan mercancías y productos agropecuarios deben pagar vacunas. Igualmente, en algunas ocasiones, los pasajeros usuarios del transporte público, deben pagar estos tributos. Las camionetas de alta gama son secuestradas y les exigen altas sumas de dinero para recuperarlas. Las familias de estas localidades se encuentran desesperadas por la falta de una verdadera política de seguridad. Muchos afectados reconocen el esfuerzo y liderazgo del gobierno departamental para contrarrestar el accionar de estas estructuras criminales. Pero se sienten desprotegidos por la falta de atención de las esferas nacionales. Consideramos que estas es una de las causas, por las cuales se encuentran en déficit las finanzas públicas nacionales. Estas organizaciones narcoterroristas, han ubicado en sitios estratégicos en las montañas, algunas oficinas que desempeñan las funciones de la Dian, de manera ilegal. Llevan registros contables y fechas de pago de las vacunas, poseen equipos tecnológicos donde tienen la información de cada uno de los comerciantes de los municipios. Esta información nos la suministraron algunos afectados. Inclusive en las reuniones a las cuales son citados para llevar los dineros a estos criminales, les informan que tienen previsto empezar a cobrarle tributos a las zonas residenciales. Es muy preocupante lo que está sucediendo en el país. El gobierno del cambio debe apropiarse de esta situación. No puede estar a espaldas de la inseguridad en que se encuentra el país.
