Por: Amadeo Gonzalez Triviño
Todo nos lleva a entender que el incremento del salario mínimo de los últimos tres años se corresponde, así sea ficción, con parte de las políticas que buscan establecer un reconocimiento a los trabajadores de su aporte a la construcción económica del país, en cuanto a que es el Gobierno Nacional, quien de no lograr una concertación entre los gremios productivos y los trabajadores, procede a fijar por decreto el valor del mismo.
Este salario mínimo es entendido entonces como el valor que ha de reconocerse al trabajador por su vinculación mediante contrato de trabajo verbal o escrito y su destinación a la jornada laboral, igualmente establecida por la ley, dentro de los horarios normales de la prestación del servicio, lo cual implica a su vez, una serie de garantías prestacionales que han de ser igualmente correspondientes en el beneficio de los trabajadores.
Sin embargo, los efectos y las consecuencias del incremento del salario mínimo se pierden en la medida en la que se presentan alternamente una serie de reajustes que van desde la tasación de impuestos, las tasas de contribución a las empresas prestadoras de servicios, a los servicios básicos esenciales y en fin, lo que tenía como fundamento un equilibrio del poder adquisitivo de la moneda se pierde por obra y gracia de los fenómenos economicistas liderados por el mismo gobierno de turno y por todos los gremios e instituciones que componen y moldean la economía de éste país, sin incluir aquí los incrementos en el transporte, en los insumos agrícolas, industriales, en la canasta familiar, en la educación y todo lo que de una u otra forma, hace parte y es dependiente de los costos de producción de los bienes y servicios.
Que el gobierno del cambio ha sido incapaz de contener la avalancha de incrementos en una serie de servicios y de mercancías requeridas por los colombianos para ver fructificar su esfuerzo por contribuir con el desarrollo social y económico de la nación, es algo que tiene que llevarnos a pensar que si se analizan con detenimiento los efectos de estos procesos políticos y económicos, tomados de la mano, el uno del otro, las circunstancias de favorabilidad que puedan representar para los ciudadanos en general serán nocivos al finalizar el mandato del actual gobernante y por tanto, los argumentos de los gremios y de la clase política dirigente, terminará por ser el gran beneficiado de una hecatombe que se ve venir cuando se inicia el proceso electoral, el cual se agudizará en los próximos días, proceso que estamos viviendo desde que se conocieron los resultados del actual gobierno y de la forma como se lanzó toda clase de amenazas contra nuestra propia institucionalidad y se vaticinaron consecuencias funestas del poder del actual Presidente de los Colombianos.
Vienen retos muy trascendentales para Colombia y los mismos ciudadanos, es hora de que se analice con detenimiento lo que ha de ser el salario mínimo del 2026 y sus efectos políticos y la manera como los gremios económicos han de generar un pánico sin responsabilidades, con el único y exclusivo propósito de demeritar, cuestionar y llevar a la picota pública, los procesos institucionales que nos quedan por delante hasta el mes de agosto de 2026.
Será que podemos concebir algún día o bien la idea de que no se presente un reajuste económico del salario como correspondencia con una política intervencionista en los subsidios hacia los bienes y servicios y una especie de modificación institucional para cerrar la brecha de los altos salarios que se presentan en las empresas del Estado, en los altos dirigentes del Gobierno, en los salarios de los congresistas y esa forma como la corrupción ha infestado todos los intersticios de la economía, de la política y de las instituciones por benéficas o de utilidad social, como se denominan?.
Que el salario mínimo no siga siendo un caballito de batalla para decir que se está erradicando la pobreza y la miseria, cuando realmente eso no es cierto, y se está sacrificando la productividad y la economía de bolsillo de los colombianos.
