La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acató el requerimiento de la Procuraduría General de la Nación y remitió a Justicia y Paz los expedientes relacionados con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
El traslado de los procesos responde a un análisis solicitado por el Ministerio Público en octubre pasado, en el que argumentó que la Corte Constitucional había rechazado la tesis de la JEP sobre la posible inclusión de paramilitares bajo su jurisdicción. La JEP había considerado que aquellos que actuaron como “bisagra” entre paramilitares y agentes del Estado podrían ser admitidos, pero la Corte concluyó que los paramilitares no son destinatarios del Acuerdo Final de Paz, por lo que su juez natural debe ser el sistema de Justicia y Paz.
En su requerimiento, la Procuraduría también enfatizó que, según la decisión de la Corte Constitucional, los antiguos paramilitares no pueden acceder a la JEP en calidad de terceros. Esta figura, según el alto tribunal, está reservada únicamente para quienes no hicieron parte de grupos armados en el conflicto armado colombiano.
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Implicaciones de la remisión
Con esta decisión, los procesos de Salvatore Mancuso serán tratados dentro del marco de Justicia y Paz, sistema que se estableció para juzgar los crímenes cometidos por miembros de grupos paramilitares en el país. Esto reafirma que la JEP se enfocará exclusivamente en los actores contemplados dentro del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas FARC.
La remisión de los expedientes es vista como un paso para garantizar el cumplimiento de los principios de justicia transicional, respetando las competencias de cada jurisdicción en el complejo panorama de la reconciliación nacional.
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