Por: Juanita Tovar Sandino
En estas fechas decembrinas, muchos colombianos se han llevado una desagradable sorpresa: cobros coactivos, embargos y medidas de secuestro derivados de fotomultas y comparendos que, en muchos casos, nunca fueron notificados adecuadamente. Este escenario ha llevado a cientos de personas a pagar millonarias sumas de dinero bajo la presión estatal, enfrentándose a medidas administrativas severas, como las previstas en las medidas cautelares propias de estos procesos.
La implementación de las fotomultas, concebida originalmente como una herramienta para prevenir la accidentalidad en las vías ante las alarmantes cifras de siniestros viales, deja entrever una serie de interrogantes y cuestionamientos. Si bien su propósito inicial era salvar vidas y promover un comportamiento vial más responsable, en la práctica ha quedado en evidencia que el sistema está plagado de falencias y, en muchos casos, parece priorizar el beneficio económico sobre la verdadera seguridad vial.
Un análisis de las estadísticas recientemente expuestas en el Concejo de Bogotá concluyó que, en los últimos tres años, hubo un aumento del 900 % en el número de comparendos impuestos por cámaras de fotomultas, pero la siniestralidad vial no disminuyó. Esto pone en duda la efectividad de las fotomultas como herramienta de prevención. No hay evidencia concluyente que demuestre que estas medidas hayan contribuido significativamente a la reducción de la accidentalidad vial. Al contrario, persiste la percepción ciudadana de que el sistema funciona más como un mecanismo recaudatorio que como una estrategia de control efectivo para disminuir los riesgos en las vías.
En muchas ocasiones, las multas son sancionadas de manera automática, sin la debida notificación al infractor ni un análisis detallado del contexto en el que se emitió la supuesta infracción. Esta falta de transparencia y rigurosidad genera un malestar profundo entre los ciudadanos, quienes, además de verse obligados a pagar cuantiosas multas, se sienten desprotegidos frente a un sistema que parece operar en su contra de manera arbitraria.
Un punto crítico dentro de este debate es la presunta violación del principio de legalidad, un pilar fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia. Este principio establece que toda sanción debe ser clara, precisa y previamente definida en la ley, para que los ciudadanos conozcan con exactitud las cargas legales a las que están expuestos.
Además, resulta absurdo que un conductor pueda ser sancionado por exceder en apenas décimas de kilómetro por hora el límite permitido, como sucede en casos donde transitar a 50.1 km/h en una vía con límite de 50 km/h genera automáticamente una multa. Este tipo de situaciones no solo son desproporcionadas, sino que también cuestionan la racionalidad de las normas y su aplicación, poniendo en entredicho el objetivo de las fotomultas como herramienta de seguridad vial.
Otro elemento que genera inquietud es la relación entre las fotomultas y los operadores tecnológicos encargados de administrar estas cámaras. Detrás de las medidas administrativas parece yacer un jugoso negocio para estas empresas, que reciben un porcentaje significativo de los recaudos obtenidos por las multas. Este modelo de operación ha sido criticado por priorizar los beneficios económicos sobre la verdadera finalidad de las sanciones: garantizar la seguridad en las vías.
El hecho de que un operador privado pueda lucrarse de las sanciones impuestas a los ciudadanos genera una sensación de injusticia y contribuye a la percepción de que el sistema está diseñado más para recaudar que para prevenir. En un país como Colombia, donde la confianza en las instituciones ya enfrenta serios desafíos, este tipo de prácticas solo agravan el distanciamiento entre la ciudadanía y el Estado.
El verdadero objetivo de las políticas de tránsito debe ser proteger el bien común, sancionando a quienes incrementan el riesgo jurídicamente desaprobado, como conducir en estado de embriaguez o exceder los límites de velocidad de manera significativa. Sin embargo, el sistema actual no distingue adecuadamente entre quienes realmente representan un peligro en las vías y aquellos cuya infracción es mínima o circunstancial.
En materia de prevención de accidentes, las autoridades deberían enfocar sus esfuerzos en campañas contundentes contra la conducción temeraria y en estado de embriaguez, en lugar de premiar a ciertos líderes de opinión, como deportistas que, tras protagonizar accidentes en estado de alicoramiento, recurren a permisos y triquiñuelas legales para continuar su vida como si nada. Los grandes deportistas no son aquellos que ganan a toda costa, sino quienes, con su ejemplo, contribuyen a construir una sociedad responsable y consciente.
Ante este panorama, es urgente que el Estado y la sociedad trabajen juntos para desarrollar controles más certeros y efectivos, basados en criterios objetivos y en el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Algunas propuestas para mejorar el sistema de fotomultas incluyen: garantizar que todos los comparendos sean notificados de manera efectiva y oportuna, brindando al ciudadano la oportunidad de ejercer su derecho de defensa; incluir en las fotomultas datos claros y verificables, como la velocidad exacta registrada, las condiciones de la vía y las especificaciones técnicas del equipo utilizado; limitar la participación de operadores privados en el recaudo de las multas, eliminando cualquier incentivo económico que pueda comprometer la imparcialidad del sistema; y complementar las medidas sancionatorias con campañas educativas y preventivas que fomenten una cultura de respeto y responsabilidad en las vías.
