La Contraloría General de la República, mediante las Contralorías Delegadas para el Sector Educación y la Participación Ciudadana, emitió una alerta nacional a las 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) en educación.
En una comunicación enviada a mandatarios locales, gobernadores y alcaldes, instó a que realicen de manera prioritaria los trámites jurídicos, presupuestales, financieros, precontractuales y contractuales necesarios para garantizar el inicio oportuno del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2025.
Irregularidades fiscales y afectaciones en 2024
La alerta toma relevancia tras los resultados de las auditorías realizadas durante 2024, las cuales evidenciaron 42 hallazgos fiscales en el PAE, con una cuantía aproximada de $8.000 millones en 67 ETC. Entre 2020 y 2024, los hallazgos fiscales acumulados sumaron cerca de $52.000 millones.
Los principales problemas identificados incluyen:
Sobrecostos en la prestación del servicio (44%).
Inadecuada supervisión del programa (36%).
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Regiones más afectadas:
Pacífico: $3.503 millones.
Llanos: $1.333 millones.
Eje Cafetero: $1.443 millones.
Durante 2024, cerca de 3,9 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el país se vieron afectados por fallas en el suministro del PAE, incluyendo el inicio inoportuno del programa, problemas de calidad en los alimentos, suspensiones temporales, licitaciones desiertas y retrasos en la prestación del servicio.
Llamado a la acción para 2025
La Contraloría instó a las autoridades a adelantar oportunamente los procesos precontractuales y presupuestales, asegurando recursos financieros para evitar afectaciones al programa. Además, enfatizó la necesidad de garantizar que el PAE sea contratado con costos reales, ofrezca alimentos de calidad y cumpla con los calendarios escolares.
El objetivo es proteger a los 5,9 millones de estudiantes beneficiarios actuales y asegurar la prestación continua y eficiente del programa en 2025.
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