Mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Emilio José Tapia aceptó su responsabilidad en delitos relacionados con uno de los mayores escándalos de corrupción en Colombia.
El empresario será condenado a seis años y cuatro meses de prisión por las irregularidades cometidas en el contrato de conectividad para escuelas rurales, conocido como el caso ‘Centros Poblados’, y por irregularidades en dos procesos contractuales de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino.
Aceptación de cargos y compromiso de reparación
Tapia Aldana reconoció libremente los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado, ofreció disculpas públicas y se comprometió a colaborar con la justicia. Además, aseguró la restitución de 5.063 millones de pesos, monto que obtuvo ilegalmente.
Hasta la fecha, ha reintegrado 2.532 millones de pesos mediante la entrega de ocho títulos judiciales. El saldo pendiente será cubierto en dos pagos, programados para abril y octubre de 2025, garantizados con un inmueble ubicado en el corregimiento San Cristóbal, en Medellín (Antioquia).
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Detalles del caso ‘Centros Poblados’
En octubre de 2020, Emilio Tapia, junto con otras personas, manipuló una licitación pública del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) destinada a dotar de internet a escuelas rurales. Para ello, adquirieron fraudulentamente la experiencia de empresas y formaron la Unión Temporal Centros Poblados, pese a no contar con garantías bancarias.
La adjudicación del contrato 1043 de 2020 permitió a Tapia obtener un anticipo de 5.063 millones de pesos, recursos que destinó a la compra de obras de arte, vehículos y otros gastos personales. Para justificar el anticipo, presentó tres pólizas bancarias falsas.
Corrupción en Emcali
En 2021, Tapia organizó un consorcio con empresas bajo su control para adjudicarse dos contratos de Emcali, destinados a obras alternas en la PTAR de Puerto Mallarino. Estos contratos, valorados en 3.798 millones y 2.414 millones de pesos, se aseguraron mediante la falsificación de pólizas que aparentaban un cupo de crédito del 30% del valor de cada contrato. Con esta acción, logró engañar a los funcionarios responsables y obtuvo los avales administrativos necesarios para firmar los contratos.
El preacuerdo firmado derivó en un fallo condenatorio que asegura que Emilio Tapia Aldana continuará privado de la libertad en un centro penitenciario de Barranquilla (Atlántico). Este caso pone de manifiesto las debilidades en los procesos de contratación estatal y la necesidad de reforzar los mecanismos de control para prevenir actos de corrupción que afectan directamente los recursos públicos.
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