La Contraloría General de la República advirtió sobre la urgencia de optimizar la ejecución presupuestal de 2024, un año marcado por sobresaltos desde el inicio de su vigencia.
La situación se ha agravado por la no aprobación de la reforma tributaria, lo que llevó al organismo de control a instar al Gobierno Nacional a redoblar esfuerzos para usar de manera efectiva los recursos asignados.
Panorama fiscal crítico
Según datos del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), el recaudo total neto a noviembre de 2024 alcanzó los $369,74 billones, lo que representa una disminución del 0,3% en comparación con el mismo periodo de 2023. De esta cifra, solo $227,41 billones corresponden a ingresos tributarios, lo que representa el 72% del aforo estimado para el año.
El desplome del 18% en el impuesto de renta y la reducción de $2,29 billones en impuestos externos son los principales factores detrás de esta caída, generando un impacto negativo en las metas fiscales.
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Baja ejecución presupuestal y recursos congelados
Con corte a noviembre, la ejecución presupuestal se ubicó en el 71,1%, siendo la más baja en los últimos cinco años, un nivel comparable únicamente con 2020, en plena pandemia. Aunque se han atendido compromisos como el servicio de la deuda ($79,7 billones) y gastos de funcionamiento ($233,67 billones), el gasto en inversión presenta un rezago significativo, con apenas $44,83 billones ejecutados de los $100,06 billones asignados.
Esta baja ejecución podría derivar en la pérdida de $96,87 billones en recursos no utilizados, limitando el desarrollo de proyectos planeados. Además, se estima que las reservas presupuestales no ejecutadas podrían alcanzar $33,61 billones, reflejando ineficiencias en la capacidad de comprometer y ejecutar recursos.
El rol de las fiducias en la ejecución
Hasta el momento, $24 billones del presupuesto se han direccionado a fiducias, patrimonios autónomos y contratos fiduciarios, mecanismos que, aunque útiles para acelerar la ejecución, deben ser empleados con transparencia para garantizar el cumplimiento de los objetivos públicos.
Recomendaciones de la Contraloría
La Contraloría General destacó la necesidad de:
Acelerar la ejecución de recursos, especialmente en inversión, para evitar rezagos que afecten programas clave.
Garantizar la transparencia en el uso de mecanismos fiduciarios, alineándolos con los objetivos presupuestales.
Optimizar las estrategias de recaudo tributario para mitigar la presión de liquidez y reducir la dependencia del crédito.
Priorizar una gestión eficiente que transforme los recursos asignados en beneficios tangibles para la ciudadanía.
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