La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, expresó su respaldo al proyecto de reforma a la justicia que avanza actualmente en el Congreso de la República, destacándolo como una oportunidad clave para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar un acceso más equitativo y efectivo a la justicia en Colombia.
Durante su intervención en el foro titulado “Reforma a la Justicia, ¿cuál es su importancia para los colombianos?”, realizado en Barranquilla, Cabello subrayó que esta iniciativa tiene el potencial de transformar el sistema de justicia penal y optimizar su funcionamiento.
«El desafío ahora está en traducir estas promesas en realidades tangibles, en un sistema que sirva como ejemplo de eficiencia, respeto por los derechos y compromiso con la justicia,” afirmó.
La Procuradora resaltó que el proyecto de ley, originado en la Rama Judicial, apunta a modernizar el sistema penal con herramientas como la justicia premial, los preacuerdos y la reparación integral. Estas estrategias buscan descongestionar el sistema judicial y penitenciario, a la vez que se garantizan los derechos de las víctimas.
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«Este enfoque no solo agiliza la administración de justicia, sino que reafirma el compromiso con los derechos de las víctimas, permitiendo una reparación pronta y efectiva, lo que restaura la confianza ciudadana en las instituciones judiciales,» aseveró Cabello.
Retos y controles necesarios
La Jefe del Ministerio Público reconoció que implementar esta reforma no estará exento de retos. Hizo énfasis en la necesidad de un control riguroso para evitar desviaciones o abusos que puedan desvirtuar los principios del sistema acusatorio y socavar el impacto transformador del proyecto.
«Un control riguroso será indispensable para garantizar que los mecanismos de justicia premial y la reparación integral cumplan su propósito sin desvirtuar los principios que lo sustentan,» añadió.
Cabello Blanco destacó que la Procuraduría ha asumido un rol activo y propositivo en este proceso, participando en más de 100 sesiones del Comité Técnico de Política Criminal en los últimos cuatro años. Desde el ente de control, se valora especialmente el objetivo de restaurar el equilibrio del sistema acusatorio, garantizar la emisión oportuna de decisiones judiciales y fortalecer la política criminal bajo principios de racionalidad, proporcionalidad y necesidad.









