Las víctimas del conflicto armado en el departamento del Huila, se sienten inconformes con el trabajo adelantado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), porque no los tendrían en cuenta, por ejemplo, cuando realizan audiencias, los afectados se dan por enterado, al verlas en los medios de comunicación.
Ahora, el Comité Territorial de Justicia Transicional, en el marco del cual aprobaron el plan de acción territorial con una cifra histórica, son más de $117 mil millones, dispuestos para la implementación de la política pública de víctimas en el marco de este cuatrienio.
Engañan a la población
En relación a la no visibilizarían por parte de una entidad del orden nacional de las víctimas, Edna Rocío Pinto, de la Fundación de Víctimas del Conflicto Armado y Población Vulnerable (Viccoar), señaló: “entregamos 450 solicitudes de acreditación ante la JEP, y sabemos que realizan audiencias, porque las vemos en los medios de comunicación. Las Mesas de Víctimas, tanto Departamental y Municipal, no están siendo incluidas en estos espacios”.
Según la vocera, los abogados estarían realizando llamadas telefónicas a las víctimas, les hacen firmar los documentos para seguirlos representando.
Al parecer, los ‘avivatos’ se aprovechan del desespero de la gente, porque no han sido indemnizados, lo que los lleva a caer en estas ‘trampas’. “Esta demora, hace que las víctimas se tensionen, y terminan pagándole a otros tramitadores”, dijo la vocera.
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Similar caso
La denunciante, indicó que es importante que toda la población víctima del conflicto armado y en general, quienes participaron en este programa de economía popular, puedan tener claridad que no se requiere intermediarios para avanzar en el proceso de focalización de los beneficiarios.
“De igual manera a los que reciben o se postularon para las unidades productivas de $20 millones, nos cobraban $2 millones 500 mil, se les debía pagar la mitad y luego del proceso, cancelar el dinero faltante. A los que solicitaron una suma de $5 millones, para iniciar debían pagarles $500 mil. Estas personas, primero dijeron hacer parte de Prosperidad Social, que venían a realizar esta clase de acciones, y si deseaba que el grupo que presente, saliera beneficiado, debían incentivar a la gente para que les suministrarán dinero. Y recordemos que no se debe pagar para realizar este tipo de trámites”, denunció la líder de derechos humano.
Día de solidaridad
Por otra parte, en Neiva, se celebró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, al respecto, la representante de las víctimas a nivel departamental, indicó. “Esta celebración se hace el 9 de abril, sin embargo, quisimos hacerlo el 5 de diciembre, en conmemoración de Derly Pastrana, una gran líder, que cumpliría 49 años. Y en su homenaje, se va a realizar un mural en el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV)”.
En el evento participaron, delegados de las 37 mesas municipales del Departamento del huila, también estuvo el plenario de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado del Huila y 11 organizaciones de Neiva.
“La idea es poder alzar la voz, y dejar un mensaje, no solamente de reparación para las víctimas, sino de justicia y tiene que ver con la visibilización de nuestros hechos, la memoria histórica como lo hemos venido trabajando a nivel del Departamento”, dijo la líder.
Vigilarán los recursos
Por su parte, Lesdy Marlodi Rodríguez, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Caquetá, Huila y Putumayo, manifestó. “Realizamos el Comité Territorial de Justicia Transicional, en el marco del cual aprobamos el plan de acción territorial con una cifra histórica, son más de $117 mil millones, dispuestos para la implementación de la política pública de víctimas en el marco de este cuatrienio. También, queremos destacar desde la dependencia que representó, la disposición de la Administración, en acatar la recomendación vinculada con las estrategias para la implementación de estos recursos y sea de manera concertada con las comunidades étnicas”.
Van a tener unas mesas diferenciadas con pueblos indígenas, comunidades negras con enfoque diferencial y de esta manera, desde las diferentes instituciones que hacen parte de esta Comisión, tienen la responsabilidad de que los dineros se inviertan garantizando su finalidad.
Hay diferentes líneas, se encuentra: educación, cultura, recreación, vivienda, salud y generación de ingresos.
“Todos estos ítems, hacen parte de los lineamientos de la política pública de víctimas, y se van a ver reflejados en los diferentes programas que implementan las diferentes secretarías, con énfasis muy fuerte en la cartera de Gobierno”, agregó la ejecutiva.
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Los grupos priorizados
Y de acuerdo a la Resolución 1049, hay tres grupos poblacionales a los que el Gobierno Nacional, le está dando prioridad: “ya estamos superando récord en términos de indemnización y le damos importancia a las personas de 68 años o más, que se encuentra en situación de discapacidad y con enfermedades penosas, ruidosas o catastróficas. A esta estrategia la denominamos ‘Ruta Prioritaria’”, indicó la directiva.
Y las personas que no tengan estos aspectos, se encuentran en la ‘Ruta General’ y deben esperar para la medida administrativa.
Sin desconocer que Neiva, es un municipio receptor de desplazados por la violencia, pues se atendieron a víctimas del centro poblado El Pato, La Plata, Íquira y Garzón.
“El Gobierno Nacional, está demostrando que ha llegado a personas y lugares donde no se había hecho, y esperamos hacer la reforma de la Ley 1448, que entre otras cosas busca generar unos fondos más amplios, para poder llegar con mayores indemnizaciones a la población”, añadió la directora.
