La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre los desafíos que persisten en Colombia para garantizar la inclusión real de esta población.
Las cifras evidencian profundas desigualdades: mientras que la tasa de participación laboral de las personas con discapacidad es del 23,5%, el promedio general del país es del 66,4%, de acuerdo con el DANE.
Además, el acceso a la educación superior sigue siendo limitado, con solo 17 de cada 100 personas con discapacidad logran matricularse en programas universitarios, frente a una tasa significativamente mayor en la población sin discapacidad.
Otro de los hallazgos preocupantes es el bajo nivel de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público. Según datos recientes, al 31 de octubre de 2024, solo el 0,85% de los empleados de planta y el 0,41% de los contratistas del Estado pertenecen a esta población.
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“Estas cifras son un llamado urgente a la acción. No podemos hablar de inclusión si millones de personas con discapacidad continúan enfrentando barreras para acceder a oportunidades laborales y educativas. Desde la Procuraduría, estamos firmemente comprometidos a garantizar sus derechos y avanzar hacia una sociedad más equitativa”, expresó la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco.
La Ministerio Público, ha liderado diversas estrategias para cerrar estas brechas, entre ellas 1.402 acciones judiciales y 90 preventivas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en 2024, que incluyeron visitas a Entidades Promotoras de salud, EPS, procesos de adjudicación de apoyos y revisión de sentencias de interdicción.
La entidad también lanzó un nuevo protocolo que asegura atención inclusiva y accesible en todas sus sedes, capacitó a funcionarios y ciudadanos sobre la normativa que reconoce la capacidad legal de las personas con discapacidad y adaptó el contenido de esas normas al sistema Braille, formatos de macrotipo y lengua de señas, facilitando su acceso para la población con discapacidad visual y auditiva.
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