El Proyecto de Acuerdo 036, presentado el 30 de octubre de 2024, generó una controversia importante entre la Alcaldía de Neiva y el Concejo Municipal, poniendo en entredicho la legalidad de los procedimientos seguidos para garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Transporte Escolar. Este proyecto, que comprometía vigencias futuras para financiar estos programas esenciales para los estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad, quedó en la cuerda floja debido a varios errores procedimentales que podrían llevar a su archivo definitivo.
El origen del proyecto y el respaldo inicial
El proyecto en cuestión fue radicado por Leider Julián Gómez, asesor de despacho del alcalde Germán Casagua, ante el Concejo Municipal con el fin de obtener su aprobación en las sesiones ordinarias. El objetivo era comprometer recursos futuros para asegurar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar y el Transporte Escolar, dos iniciativas clave para evitar la deserción escolar y garantizar el acceso a la educación en la ciudad.
Según indicó el concejal Johan Steed Ortiz, “la votación para aprobar el proyecto se realizó de manera ordinaria y aparentemente unánime, en un proceso conocido como ‘pupitrazo’, en el cual se asegura que todos los concejales aprobaron sin que todos estuvieran presentes o pudieran dar su opinión”. Sin embargo, la sorpresa vino cuando algunos concejales, que no estaban presentes en ese momento, al enterarse de la aprobación, empezaron a señalar irregularidades en el proceso.
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Los errores legales que pusieron en jaque el proyecto
El principal cuestionamiento se centró en la manera en que se radicó el proyecto. De acuerdo con lo establecido en la legislación nacional, específicamente en el numeral 5, artículo 315 de la Constitución Política y en el artículo 71 de la Ley 136 de 1994, el mandatario municipal tiene la facultad indelegable de presentar al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, presupuesto y otros temas relevantes para el municipio.
“El problema surgió cuando se descubrió que el Proyecto de Acuerdo 036 no había sido radicado por el alcalde Germán Casagua, sino por Raúl Eduardo Mosquera, quien fungía como alcalde encargado” señaló Ortiz. Según los concejales, el decreto que facultaba a Mosquera para asumir esta función no estipulaba que pudiera delegar la facultad de radicar proyectos de acuerdo a otro funcionario, como el Secretario General. Además, el acta del Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal (COMFIS), firmada el 12 de septiembre de 2024, estaba suscrita por Mosquera, pero no se había presentado el decreto que le otorgara esa facultad.
La falta de claridad en los procedimientos
El error se agudizó cuando se constató que el decreto que autorizaba al alcalde encargado para tomar decisiones de esta índole había expirado el 28 de octubre de 2024, dos días antes de que se radicara el Proyecto de Acuerdo 036. Esto dejó en claro que la presentación del proyecto no cumplió con los requisitos legales necesarios, ya que el alcalde encargado no tenía las facultades para actuar en ese momento sin una delegación expresa del mandatario titular.
El concejal explicó que, al revisar los documentos y las fechas, se dio cuenta de que la Administración Municipal había pasado más de 45 días para radicar el proyecto y no lo había hecho dentro del marco temporal estipulado. Esto refuerza la idea de que el procedimiento no se realizó conforme a la ley, lo que plantea serias dudas sobre la validez del acuerdo aprobado en plenaria.
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Solicitudes y pasos a seguir
Dada la situación irregular, los concejales decidieron solicitar al presidente del Concejo, Juan Diego Amaya, que antes de remitir el Proyecto de Acuerdo 036 para su sanción final al alcalde, se nombre un Comité de Verificación encargado de revisar los documentos y esclarecer los errores cometidos durante el proceso de radicación del proyecto. Este comité tendría la tarea de analizar si el procedimiento cumplió con los requisitos legales establecidos y si las firmas y los decretos presentados son válidos.
Además, se recomendó que el alcalde Germán Casagua objetara el proyecto de acuerdo y se procediera a archivarlo, para evitar que un acuerdo con fallas legales y procesales fuera sancionado y ejecutado de manera irregular.
El impacto en los programas sociales
Es importante resaltar que el Programa de Alimentación Escolar y el Transporte Escolar son dos iniciativas cruciales para el bienestar de los estudiantes de Neiva, especialmente aquellos de las zonas más vulnerables. Estos programas han sido fundamentales para evitar el abandono escolar y garantizar que los niños y jóvenes de la ciudad tengan acceso a una educación de calidad. A pesar de los errores legales, los concejales han expresado que no se oponen a la asignación de vigencias futuras para financiar estos programas, pero sí insisten en que el proceso debe realizarse de manera transparente y dentro del marco de la ley.
El Proyecto de Acuerdo 036, que compromete vigencias futuras para garantizar el Programa de Alimentación Escolar y el Transporte Escolar, ha puesto en evidencia serias deficiencias en los procedimientos administrativos de la Alcaldía de Neiva. Los concejales han actuado con cautela y han solicitado una revisión exhaustiva de los documentos y los actos administrativos involucrados. Si bien el fondo del proyecto no es cuestionado, su tramitación presenta fallas que deben corregirse antes de que se pueda ejecutar.
Este incidente subraya la importancia de garantizar que todos los actos administrativos, especialmente aquellos que involucran recursos públicos, se lleven a cabo con total apego a la normativa legal, para evitar futuras controversias y asegurar la correcta ejecución de los planes que benefician a la comunidad.
