Los abusos de grupos armados, el acceso limitado a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente entre las comunidades indígenas y afrodescendientes, continúan siendo problemas de derechos humanos preponderantes en Colombia.
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en los primeros cinco meses del año, las consecuencias humanitarias de los ocho conflictos armados que existen en Colombia se intensificaron de forma considerable. Esto como resultado del recrudecimiento de las acciones armadas en algunas zonas del país y de la disputa territorial entre actores armados no estatales.
A proteger las etnias
En este sentido, la Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de Colombia. En un contexto marcado por la diversidad étnica y cultural del país, la entidad hace un llamado a la sociedad y a todas las instituciones a reconocer y respetar los derechos de estas comunidades, que históricamente han sido marginadas y excluidas.
Los más de 115 pueblos Indígenas en todas sus formas organizativas, incluidos los pueblos en contacto inicial y aislamiento, los más de 1.300 consejos comunitarios y miles de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, así como los miles de gitanos y gitanas que conforman el Pueblo Rom en Colombia, merecen toda la protección y respeto de las autoridades y de todos los actores, especialmente, los actores armados.
La entidad nacional de derechos humanos, hizo énfasis en la importancia de reconocer la diversidad étnica y cultural de la nación, pues esas comunidades son el símbolo de la sabiduría y persistencia en la reivindicación.
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Respeto a su cultura
La Defensoría, hizo un llamado a la institucionalidad y a la sociedad para que protejan los derechos de estas comunidades. Es imperativo que se respeten sus formas de vida tradicionales, su cultura y sus actividades propias de agricultura, pesca y recolección de alimentos. Estas poblaciones, como sujetos de especial protección del Derecho Internacional Humanitario, han sido víctimas de desplazamientos forzados, ataques y confinamientos. Es fundamental poner fin a estas violaciones y garantizar su seguridad.
Además de los pueblos indígenas, la Constitución y las leyes colombianas también reconocen como sujetos colectivos de derechos a comunidades afrodescendientes, raizales de las tierras insulares, palenqueros del Caribe y al pueblo Rom.
Los violentos los asedian
Ya en lo concerniente a los hechos de violencia que afectan a la comunidad indígena del Huila, este medio de comunicación logró conocer que son asediados de manera constante por los grupos al margen de la ley.
Han sufrido desplazamiento forzado, amenazas, reclutamiento de menores de edad, por ende esperan hacer control territorial, y piden que no los involucren en estos hechos de violencia.
Unas instituciones quienes les hacen acompañamiento para que no le sean vulnerados sus derechos, han expresado que varios grupos de disidencias, se encuentran en territorios nativos.
Niños indígenas perjudicados
Y al preguntarle a Johana Elena Rojas, defensora del Pueblo Seccional-Huila, porque los niños indígenas son tan asediados por los actores armados, señaló: “tenemos cinco territorios y más de 11 pueblos indígenas en el Departamento y de los 37 municipios, 22 tienen presencia de este grupo poblacional, quiere decir son mayoría. Por supuesto estos niños están en vulnerabilidad porque habitan las zona rurales, que son sitios de alto impacto y facilitan la actividad de estos grupos al margen de la ley, en esta actividad tan nefasta como es el reclutamiento de nuestros niños y niñas”.
Son cerca de 10 diez niños indígenas que han sido retenidos, principalmente en zona limítrofe entre el Huila y Cauca.
Menores en riesgo
Ante esta grave problemática de la que son víctimas los niños, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 015 de 2024, en la que advirtió el grave riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los municipios de Íquira y Páez, Cauca y sus áreas rurales. Algunos de ellos con pertenencia indígena, afrocolombiana o campesina, este hecho ya se consumó, lamentablemente.
Asimismo, sus núcleos familiares, además, enfrentan amenazas si hacen las denuncias, lo cual los pone en riesgo de desplazamiento como mecanismo de autoprotección.
El documento advierte sobre la vinculación de los menores a los bloques Occidental y Jacobo Arenas, a través del frente Dagoberto Ramos, en Páez, y al bloque Central ‘Isaías Pardo’ con el frente ‘Ismael Ruiz’ en Íquira, ambas organizaciones pertenecientes al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc. El EMC tiene el control hegemónico en la zona limítrofe entre Huila y Cauca.
Hechos victimizantes
Ahora en el desarrollo del conflicto armado, las víctimas con pertenencia étnica indígena han sido afectadas por diferentes hechos, siendo el desplazamiento forzado (582.983), confinamiento (72.430) y amenazas (59.764) los que registran las cifras más altas.
Y es que el conflicto armado afecta a las comunidades indígenas en su vida en comunidad y a nivel personal.
En este sentido, el portal Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el conflicto armado afecta a las comunidades indígenas en su vida en comunidad y a nivel personal. El Instituto Nacional de Salud identifica que se destruyen sus espacios y formas de encuentro, entre otras actividades de producción e intercambio de la vida cotidiana colectiva.
Esto pone en riesgo a las comunidades, ya que se deterioran los sistemas productivos, las habilidades, usos y costumbres ancestrales, que garantizan la subsistencia cotidiana, la transmisión de saberes y la pervivencia cultural.
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Violencia podrí acabarlos
Ahora, en el Auto 004 de 2009, la Corte Constitucional señaló. “Algunos pueblos indígenas de Colombia están en peligro de ser exterminados, cultural o físicamente, por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario.
Todos los que han tomado parte en este conflicto armado, principalmente los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares pero también, en ocasiones, unidades y miembros claramente identificados de la Fuerza Pública, así como grupos delincuenciales vinculados a distintos aspectos del conflicto interno, participan de un complejo patrón bélico que, al haberse introducido por la fuerza de las armas dentro de los territorios ancestrales de algunos de los pueblos indígenas que habitan el país, se ha transformado en un peligro cierto e inminente para su existencia misma, para sus procesos individuales de consolidación étnica y cultural, y para el goce efectivo de los derechos fundamentales individuales y colectivos de sus miembros.
El conflicto armado genera la imposibilidad de movilizarse por el territorio, afectando el trabajo colectivo y las estructuras culturales que dependen de él. Afecta la educación por ocupación de escuelas y asesinato o intimidación de maestros. Los bloqueos, confinamiento, amenazas y señalamientos impiden el acceso para prestación del servicio de salud, y también impiden la realización de prácticas medicinales propias. La situación causa la pérdida de confianza entre miembros de la comunidad, afectando la integración comunitaria y las prácticas socioculturales propias.
