Según la Defensoría del Pueblo, hoy, las URI y las estaciones de policía de todo el país afrontan un hacinamiento que asciende al 171%.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, insistió en la necesidad de buscar soluciones conjuntas entre el Gobierno Nacional, las autoridades municipales y departamentales, y el sector privado, para enfrentar la crisis de hacinamiento al interior de los centros de detención transitoria ubicados en las Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía.
“El elevado nivel de hacinamiento que persiste al interior de estos centros de detención transitoria constituye la raíz de todas las vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y es una situación cuya solución no puede postergarse más”, recalcó el Defensor del Pueblo.
Hoy, las URI y las estaciones de policía de todo el país afrontan un hacinamiento que asciende al 171%, con una población de 23.826 detenidos, pese a la existencia de tan solo 8.200 cupos para albergar a personas privadas de la libertad.
«En total, la sobrepoblación en estos centros de detención supera las 14.000 personas, por lo que no es extraño que encontremos situaciones graves de vulneraciones a los derechos humanos como el que evidenciamos en la Estación La 19 de la ciudad de Riohacha, en La Guajira, en donde el porcentaje de hacinamiento llegó al 2.000%, sin acceso a baños, a ver a sus familiares o la atención básica en salud», aseguró el Defensor del Pueblo.
«En este proyecto de ley, junto a Asocapitales, buscamos que se haga una distribución equilibrada y ajustada a las competencias y recursos para que tanto a nivel nacional como a nivel departamental y municipal se puedan distribuir las diferentes obligaciones respecto de las personas privadas de la libertad y de esta manera se puedan asegurar los mínimos básicos en cuanto acceso a derechos de esta población», finalizó el Defensor del Pueblo.
